Cristina Narbona
La energía es un elemento básico para el buen funcionamiento de nuestro sistema económico, desde la industria a la agricultura y los servicios. Gracias a ella nuestra calidad de vida ha mejorado, como lo ha hecho la movilidad y el confort, liberándonos de pasar frío o calor. Pero, al mismo tiempo, la producción, la transformación, el transporte y el consumo de energía es la mayor causa de deterioro ambiental.
Para tratar de hallar un equilibrio, la Unión Europea se ha marcado tres prioridades interrelacionadas para la política energética: asegurar el abastecimiento energético, la competitividad y la sostenibilidad ambiental.
La competitividad mejora la eficiencia del sistema energético, y ha supuesto una importante mejora en la generación de electricidad, así como un rápido aumento del consumo de gas natural, el más limpio entre los combustibles fósiles.
La Unión Europea, y dentro de ella, España en particular, importa el 80% de nuestro consumo energético), es una de las regiones más dependientes, al tener que importar el petróleo y el gas que consumimos en su práctica totalidad. Tras más de una década de precios energéticos relativamente bajos, en los últimos años, hemos asistido a un importante incremento de los mismos, tanto de los del petróleo como de los del gas natural, a causa de las tensiones en el Oriente Próximo (invasión de Irak, el conflicto de Israel con los palestinos, Líbano y Siria), la creciente demanda mundial, sobre todo con la incorporación de China e India a la nueva economía, así como la disminución de las reservas de hidrocarburos, lo que configura un escenario de precios altos y crecientes, y nuevas tensiones en el abastecimiento futuro.
En este contexto de dependencia y precios al alza, agravados por el déficit comercial y la inflación, la variable ambiental es cada vez más importante, tras la entrada en vigor en el 2005, del Protocolo de Kioto. La producción, transformación y consumo de energía representa cerca del 82 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, además del 77% de las emisiones de sustancias que contribuyen a la formación del contaminante ozono tropósferico, el 66 % de las sustancias que ocasionan las lluvias ácidas, el 81 % de la emisiones de partículas e importantes emisiones de metales pesados (mercurio plomo y cadmio): pero los impactos no se reducen a la emisión de sustancias contaminantes, pues incluyen también la generación de todo tipo de residuos a lo largo de todo el ciclo de extracción, transformación y consumo, los vertidos accidentales de petróleo (no olvidemos el Prestige), el consumo de agua, la degradación a veces irreversible de los ecosistemas, el ruido y el deterioro de los paisajes.
Las Centrales Nucleares apenas generan emisiones, no sufren los problemas de suministro de otras fuentes y dan más garantía de suministro que algunas energías renovables intermitentes, pero crean un problema no menos grave e irresoluble, como los residuos radioactivos para los cuales aún no se ha desarrollado una forma de eliminación, además de los altísimos costes de todo el ciclo nuclear, la seguridad o los peligros que conlleva la proliferación nuclear
Desafíos y oportunidades
Entre 1990 y 2004 el PIB en España creció un 43,7 % en euros constantes, mientras que el consumo de la energía primaria lo hizo en un 54,4 %, por lo que la eficiencia energética disminuyó considerablemente. El consumo de energía primaria creció en España un 3,2 % anual entre 1990 y 2003 ( un 0,8 % en la UE) y el consumo de electricidad creció un 4,4 % anual en España (1,8 % en la UE). Para afrontar los desafíos que nos plantea la degradación ambiental y la dependencia energética, la Unión Europea, y España en particular, ha desarrollado un conjunto de políticas encaminadas a promover el ahorro y la eficiencia energética (Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, desarrollar las energía renovables (Plan de Energías Renovables 2005-2010 en España) y reducir el impacto ambiental del consumo energético (Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012), por citar los más importantes y recientes.
Por otro lado, el actual Gobierno ha incrementado la tarifa eléctrica, después de demasiados años de reducción no justificada, y con ello ha comenzado a emitir una señal nítida sobre la “escasez” de la energía que ya se ha traducido en una mejora de la eficiencia energética en 2005.
El cambio climático es un ejemplo de la necesidad de aplicar el principio de “el que contamina paga”. Tal principio aplicado a los combustibles fósiles, implica internalizar los costes de las externalidades como el cambio climático, las mareas negras, las lluvias ácidas, la contaminación atmosférica local, el ozono troposférico y otros impactos ambientales y sociales. Ello supone, aumentar la fiscalidad sobre la energía, tanto para internalizar los costes, como para reducir el consumo de los materiales fósiles, que en gran parte se importan desde los países productores, un modelo de dependencia del petróleo que ya ha ocasionado varias crisis económicas (1973, 1979-1980) y varias guerras, y ha convertido a Oriente Próximo y al Golfo Pérsico en una de las zonas más inestables y conflictivas.
La fiscalidad es una de las formas mejores de dar un mensaje claro, que incentive cambios en los comportamientos de los consumidores que complementen las mejoras tecnológicas, que casi siempre se ven superadas por los modos de vida.
Los automóviles cada vez son más eficientes, pero como cada vez son de mayor tamaño (los todo terrenos urbanos son un buen ejemplo), las ganancias en eficiencia no repercuten en el consumo absoluto, y lo mismo sucede con los refrigeradores cada vez mayores y las segundas y terceras viviendas. Si queremos moderar el consumo, no basta con la mejora tecnológica, también habrá que moderar el consumo excesivo, y en una economía de mercado, los precios transmiten las señales más claras. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando con el Ministerio de Economía para comenzar a aplicar estos criterios.
La Unión Europea calcula que las externalidades de la generación de electricidad representan entre el 1 y el 2 % del PIB, y las del transporte sin incluir los accidentes, alcanzan el 5 % del PIB, cifras que sin duda nos deben llevar a la reflexión.
La necesidad de profundizar en las políticas actuales, introduciendo elementos de fiscalidad ecológica, mientras se promueve el aumento de la eficiencia energética, el cambio de los modos de vida más despilfarradores y se desarrollan con vigor las energías renovables, se comprende aún mejor cuando analizamos la gravedad del cambio climático y las políticas que habrá que adoptar en el futuro.
El Protocolo de Kioto supone para España un esfuerzo importante tras los ocho años de inacción de los Gobiernos del PP. Pero, ¿y después de Kioto? El Consejo de la Unión Europea ha propuesto que los países desarrollados reduzcan sus emisiones de un 15 % a un 30 % para el año 2020, y el Consejo de Medioambiente de la UE y el Parlamento Europeo proponen una reducción ulterior de las emisiones de gases de efecto invernadero del 60 % al 80 % para el año 2050.
Según cuales sean las cifras de reducción futuras que se acuerden en las negociaciones futuras, lo cierto es que serán importantes, dada la gravedad del cambio climático, del que cada día tenemos nuevas evidencias y hoy casi nadie discute. Incluso Estados Unidos acabará participando, porque la realidad es tozuda y los gobernantes acaban sus mandatos. Los países que antes inicien la necesaria transición energética hacia un modelo más eficiente y con un componente cada vez mayor de energías renovables estarán mas preparados para un cambio profundo del modelo energético a escala mundial, que sería incluso necesario en ausencia del cambio climático, dado el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles. Numerosas e importantes empresas españolas, como Iberdrola, Acciona, Gamesa, Isofotón. Ecotecnia, ACS o Abengoa, por citar algunas, lo han comprendido, porque el cambio climático también es una oportunidad de desarrollo y de creación de empleo.
Europa se enfrenta al doble desafío de asegurar el suministro energético y evitar el cambio climático, dos cuestiones que, sin duda, condicionarán la agenda durante las próximas décadas, más si tenemos en cuenta que el 70 % del consumo energético de la UE procede de los combustibles fósiles (carbón petróleo y gas natural), y que las importaciones, que ya hoy representan el 50 % del consumo, alcanzarán el 70 % en el 2030. La propia UE se ha comprometido a ayudar a evitar que el aumento de la temperatura no supere en más de dos grados centígrados los niveles anteriores a la revolución industrial.
Las soluciones no serán fáciles, y tampoco hay una única respuesta tecnológica, sino una combinación que pasa por aumentar la eficiencia energética, desarrollar la cogeneración (producción simultánea de calor y electricidad), aumentar la producción de las energías renovables, desarrollar la economía del hidrógeno, mayor uso del gas natural en la generación de la electricidad y quizás la introducción de tecnologías que permitan captar y almacenar el CO2. El papel que juegue en el futuro la energía nuclear, seguirá siendo objeto de debate, pero estará condicionado por la solución que se le dé a los residuos radioactivos, el desmatelamiento de los grupos existentes, el coste de las centrales y la oposición de la opinión pública.
Pero de lo que no hay duda es de que hoy una de las prioridades políticas es el desacoplamiento del consumo energético del desarrollo económico, a través de una reducción de la intensidad energética, que relaciona la energía consumida por unidad de producto interior bruto, y la mejora de la eficiencia energética haciendo más con menos.
Publicado en Temas Octubre de 2006
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