20 septiembre 2006

El grito de California: la manipulación de los precios de la electricidad




Paul Krugman
Las personas que no entienden demasiado de economía parecen figurarse, a menudo, que los economistas se sitúan en dos campos: o son de tipo conservador y partidarios del libre mercado, o son progesistas defensores de la intervención del Estado, y las dos mitades jamás se encontraran. De hecho, existe mucho menos desacuerdo entre sus profesionales de lo que la leyenda admite. En concreto, los economistas con una postura política progresista en general, como yo, sienten a menudo un gran respeto por la eficacia de libre mercado.
Sin embargo, respetar los mercados no significa utilizarlos. En ocasiones, los mercados se portan mal, y los últimos años se han producido algunos ejemplos espectaculares de lo que los economistas denominan fallos del mercado, con unas consecuencias en extremo desagradables para la población.
Este artículo se centra en la crisis energética de California de 2000 al 2001, cuando el intento de aflojar más las riendas a las fuerzas del mercado, mediante la desregulación del mercado de la electricidad acabó en el desastre. La naturaleza de ese experimento fallido quedó oscurecida por los rígidos prejuicios a favor del mercado libre. Se ha convertido en un artículo de fe entre numerosas personas, y ciertamente entre los expertos, la idea de que los mercados siempre tienen razón, y de que la reglamentación es siempre algo negativo. Por tanto, cuando California de pronto se encontró con unos precios del suministro eléctrico exorbitantes y con apagones constantes, la mayor parte de los analistas sabían que tenía que deberse a un error del gobierno, por una desregulación defectuosa (aunque nunca precisaron, en exceso, el defecto de que se trataba). Además, echaron la culpa los ecologistas, quienes supuestamente habrían impedido que la industria energética adquiriera la capacidad suficiente.
No obstante, examiné la cuestión con una mente libre de prejuicios y, lo que aún es mejor, con suficientes conocimientos económicos como para encontrar algunos verdaderos expertos en la materia y comprender lo que opinaban. Tuve claro, enseguida, que el desastre de California no era una consecuencia de la falta de capacidad productiva, sino el resultado de la manipulación del mercado que los productores y los vendedores de energía habían realizado.
Al principio, permanecí prácticamente sólo, defendiendo ese punto de vista; las pruebas, aunque de peso, eran circunstanciales, y apuntaban en sentido opuesto a los prejuicios dominantes. Sin embargo, con el tiempo los hechos salieron a la superficie y resultaron convincentes, incluso para los que no son economistas: documentos detallando estrategias para "jugar" con el mercado y, hasta grabaciones de suministradores diciéndoles a los operadores de las plantas que las pararan. A estas alturas, resulta evidente que una gigantesca maniobra había sucedido en el mercado, a plena luz, y que casi nadie deseaba creerse lo que estaba ocurriendo.
¿Por qué estaba la gente tan dispuesta a dejarse convencer de que los ecologistas eran los responsables de las crisis de California, si nunca llegó existir la menor prueba al respecto? podemos achacarlo a otro mito, el de la incompatibilidad del mercado libre con la protección ambiental. En efecto, los ecologistas radicales y los defensores extremistas del libre mercado, tienen en común la creencia de que la buena economía y los valores ecologistas no se mezclan. Sin embargo, eso no es cierto: la economía del libro de texto nos ofrece muy buenas razones para la protección del medio ambiente, al reconocer que el daño medioambiental comporta unos costes que son tan reales como los gastos monetarios más convencionales. Los economistas entre los que me incluyo, critican, a menudo, el modo en que funciona nuestra política medioambiental convencional, si bien, se trata de una crítica a los medios, más que a los fines: una regulación más inteligente no implica una menor protección del medio ambiente.
Con todo, nuestro poder político actual a pesar de que se habla, en ocasiones, de mejorar la política medioambiental, da la impresión más bien de que se desea disminuir la regulaciones de todo tipo. En efecto, el gobierno de hecho es antiecologista, en grado sumo, quizá porque un buen número de sus miembros así como una parte de la financiación de su campaña proviene de las industrias extractivas: petróleo, carbón, madera, etc acertada o equivocadamente, gran parte del mundo piensa hoy que Estados Unidos presionó a los demás países para que abrieran sus mercados, y que luego se negó aceptar su responsabilidad, cuando la especulación con las monedas y otros desastres del mercado afectaron negativamente a sus economías. Ofrezco a continuación algunas reflexiones.
10 de diciembre 2000

INTRODUCCION
Se suponía que la industria energética de California, que cuenta con una desregulación que permite a los productores vender toda la electricidad que la red pueda soportar, trasmitía energía de una forma barata y limpia. Sin embargo, el Estado se enfrenta un déficit de suministro tan acusado que el gobernador ha apagado las luces del árbol oficial de Navidad; tal escasez ha sido extremadamente rentable para las empresas energéticas, y ha levantado la sospecha de la manipulación del mercado.
La experiencia suscita interrogantes acerca de la desregulación desde una perspectiva más amplia sobre los peligros de confiar ciegamente en los mercados.
Es cierto que una parte del problema de California lo constituye el incremento inesperado en la demanda de energía eléctrica, consecuencia de una economía en auge. Es posible que la crisis se hubiera producido incluso sin la desregulación.
Con todo, es probable que no. En los viejos y malos tiempos, las empresas eléctricas monopolizadoras tenían asegurados unos importantes beneficios, aunque dispusieran de un exceso de capacidad. Por lo tanto, crearon más capacidad productiva de la que necesitaban, de modo que pudieran satisfacer incluso una demanda inesperadamente elevada. No obstante, en el mercado desregulado, en el que los precios fluctúan constantemente, las empresas sabían que si invertían en exceso, los precios y los beneficios se hundirían. De ese modo, se mostraron reacios a construir más centrales, lo que constituye el motivo principal por el que una elevación repentina de la demanda haya acarreado la falta de electricidad y la subida vertiginosa de los precios.
Usted podrá decir que no hay nada malo en eso, a largo plazo. Resultaba costoso crear una capacidad adicional para la generación de energía, y los costes se traspasaban al consumidor, mientras los precios fluctúen en un sistema con menos períodos de baja actividad, los consumidores, de media, pagarán menos. En efecto, los libros de texto de economía sugieren que, en realidad, es bueno que los precios de la electricidad se disparen cuando el suministro escasea: eso es lo que les proporciona las empresas eléctricas el incentivo para invertir. Por lo tanto, usted podría argüir que la intervención pública no sería necesaria; que, de hecho, los que todavía colocan un límite máximo a los precios de la electricidad sólo empeoran el problema, de modo que deberíamos confiar en la competencia del mercado para solventar las crisis.
Sin embargo, ¿es competitivo el mercado de la electricidad?. Lo que convierte la crisis del suministro eléctrico de California en un asunto explosivo, desde el punto de vista político, es la sospecha de que el déficit no se debe sólo a una capacidad de producción inadecuada sino también a unos precios elevados de forma artificial.
¿Cómo funciona la manipulación del mercado? imagínese un día caluroso de julio, cuando los aparatos de aire acondicionado están funcionando al máximo en todo el Estado, y a las eléctricas produciendo energía cerca del límite de su capacidad. Si una parte de esa producción baja de pronto, por cualquier razón, la escasez resultante acarrearía una subida vertiginosa de los precios de la electricidad al por mayor, por consiguiente, en realidad una gran empresa eléctrica podría aumentar sus beneficios inventándose problemas técnicos que hiciera que algunos de sus generadores dejaran de estar operativos, elevando así el precio que obtuviera por la producción restante.
¿Ocurre esto en realidad?. Un reciente informe de trabajo de la agencia nacional de investigación económica, aporta pruebas de que precisamente ese tipo de manipulación del mercado es el que sucedió en el Reino Unido antes de 1996, y en California durante los veranos de 1998 y 1999.
No se esperaría, normalmente, que ese tipo de problema sucediera en los meses más fríos, cuando la demanda es menor. Sin embargo, los funcionarios del Estado, como es comprensible, se han vuelto suspicaces acerca de la actual emergencia eléctrica en California, la cual se ha agravado por el extraño hecho de que alrededor de una cuarta parte de la capacidad generadora del Estado se encuentra parada, como consecuencia de reparaciones proyectadas o de averías.
Tal vez las empresas eléctricas de California no estén amañando los precios de la electricidad, no obstante, resulta evidente que poseen tanto los medios, como el incentivo para hacerlo, y uno ha de preguntarse por qué los responsables de la desregulación no tuvieron en cuenta esa posibilidad y por qué tampoco se hicieron las preguntas obvias acerca de si el mercado que se proponían crear, funcionaría de hecho, como anunciaban.
Quizá ésa sea la lección más importante del desastre: no hay que lanzarse a una solución del mercado libre si existen serias dudas sobre si ese mercado funcionará. Tanto los análisis económicos como la experiencia británica deberían haber hecho sonar las señales de alarma acerca del sistema de desregulación de California; sin embargo, los entusiastas de las soluciones de libre mercado para todo, desde la prescripción de medicamentos a la educación, desatendieron estas advertencias.

LO IRREAL
18 de febrero de 2001
La traición nunca prospera: porque, bueno...., si prospera, nadie se atrevería a llamarla traición, por suerte, el listón hoy está más bajo. Una versión moderna de este dicho podría ser: la desregulación nunca falla: ¿cuál es el truco? pues que, cuando falla dicen que no se trataba realmente una desregulación.
A primera vista, el bloqueo eléctrico de California constituye una lección objetiva acerca de los riesgos que implica la desregulación. Se suponía que la magia del libre mercado proporcionaría energía abundante, barata y limpia; por el contrario, el Estado no sólo se enfrenta los apagones y a una subida vertiginosa de los precios, sino también a las constantes peticiones de suavizar las normas de calidad del aire. Los únicos puntos luminosos, literalmente hablando, son unas pocas ciudades, Los Angeles entre ellas, que poseen sistemas generadores propios.
No obstante, un coro creciente de voces niega que la desregulación tuviera la culpa. Según lo que parece se está convirtiendo la opinión generalizada: han sido los burócratas entrometidos quienes impidieron que el Estado dispusiera de una desregulación real, pues implantaron, en su lugar, un sistema indefinido que combinaba las características más negativas de los dos sistemas. Es esta una perspectiva conservadora que permite que los auténticos creyentes en la infalibilidad del libre mercado mantengan su fe y, asimismo, que los defensores de la desregulación en otros Estados sigan proclamando eso no puede ocurrir allí.
Bueno...., un examen detenido de la afirmación de que la desregulación californiana no fue real, sugiere que lo que ha sucedido es que la desregulación en verdad se hizo mal, y, por lo tanto, no fueron sus defectos los que causaron la catástrofe.
Para comprender los límites de la desregulación en California, hay que recordar que ésta segregó a las eléctricas en dos segmentos. Los generadores, por lo general pertenecientes a empresas no estatales, producen la energía y la venden al por mayor a las empresas de suministros públicos, que, a su vez, la venden al por menor a los consumidores.
Uno de los puntos en que California no se desreguló totalmente fue en que, mientras se dejaron fuera de control los precios del mercado al por mayor, el Estado siguió fijando los de las empresas de servicios. Eso llevó a que, incluso cuando el déficit de electricidad hacía que los precios al por mayor se dispararan, los hogares y los comercios carecían de un incentivo económico para ahorrar energía, la historia del control de los precios al por menor resulta algo extraña; de hecho, como era una medida transitoria que tenía como objetivo favorecer a las empresas de servicios, permitiéndoles obtener algunos beneficios extraordinarios ante la esperada bajada de los precios al por mayor. Sin embargo, resultó que la rigidez de los precios al por menor dificultó al Estado poder enfrentarse a la crisis.
Sin embargo, ¿habría sido todo distinto si esos precios no se hubieran fijado? Todos los datos indican que, para que se redujera la demanda lo bastante como para acabar con la escasez actual, los precios de la electricidad al por menor, tendrían que experimentar una enorme subida, lo cual sería políticamente inaceptable de hecho, en San Diego, la congelación original de los precios al por menor terminó antes de que surgiera la crisis. No obstante, cuando los precios se triplicaron de pronto en el pasado verano, una tempestad de protestas forzó la imposición de los controles.
Otro aspecto en que la desregulación fue incompleta residión en el hecho de la imposibilidad de que las empresas de suministro firmaran contratos a largo plazo para comprar energía, con la obligación, por el contrario, de comprar electricidad al por mayor en el mercado al contado, de corto plazo. La elevación vertiginosa de los precios en ése mercado ha llevado la quiebra a las empresas de suministro y ha obligado al gobierno estatal a gastarse miles de millones de dólares para mantener el suministro eléctrico. Si las empresas de suministro hubieran contratado el abastecimiento en gran cantidad a precios más bajos, no estarían en quiebra pero aún así perderían dinero.
Aunque los contratos a largo plazo habrían pospuesto el día del ajuste de cuentas financiero, ¿habrían asimismo permitido que hubiera más energía disponible? algunos opinan que sí: en el caso de que gran parte de su producción estuviera contratada a largo plazo, los generadores de energía tendrían menos poder de mercado, es decir, menos incentivos para restringir la producción con el fin de elevar los precios a corto plazo. Los generadores por supuesto, niegan tajantemente que estén haciendo algo semejante, a pesar de las pruebas circunstanciales demuestren lo contrario. Si aceptamos que lo que dicen es verdad, los contratos a largo plazo no habrían hecho nada para evitar el presente déficit energía.
De todos modos, ¿de quien fue la idea de impedir los contratos a largo plazo?. En 1999, varias de las empresas de suministro más importantes solicitaron el derecho a firmar este tipo de contratos. Las asociaciones de consumidores, que al principio ponían reparos, terminaron por aceptar la petición. No obstante, los responsables de la regulación rechazaron la propuesta, sobre todo, debido a que cualquier modificación de las reglas para que se permitiesen esos contratos se encontró con la oposición feroz de los generadores como ya habrán adivinado. Se está creando un mito que muestra a California como una víctima, aunque no de una de desregulación fallida, sino de duros políticos, casi socialistas, que no dieron a la desregulación la oportunidad de funcionar. Bueno, las cosas no ocurrieron así, los defensores de la desregulación deberían dejar de inventarse excusas y examinar con seriedad qué fue lo que salió mal.

EL PRECIO DEL PODER
24 marzo 2001
Bienvenido al Cártel de California. La semana pasada, un informe del operador del sistema independiente que gestiona la red eléctrica de California, hizo una revelación semioficial: la crisis del suministro eléctrico del Estado Dorado es en parte el resultado de la manipulación del mercado que efectuaron las empresas generadoras de energía. El informe sostiene que éstas cobraron a las empresas de suministro del Estado, que distribuye la electricidad a los consumidores, un sobreprecio de más de 6 mil millones de dólares a lo largo de un periodo diez meses.
Es casi seguro que las autoridades federales no le harán caso al informe, pero volveré a esa cuestión enseguida. En primer lugar, necesito aclarar un par de cosas acerca de lo expuesto en el documento. El informe ISO (del operador del sistema independiente), no declara que los generadores de energía participaran en una amplia conspiración, de hecho, yo no debería de haber aplicado la palabra “cártel” en la primera frase a los generadores, no les hizo falta conspirar: la lógica de la situación hizo que a cada empresa le resultará muy fácil, casi irresistible, manipular de forma individual el mercado. En efecto, para pensar que los generadores no actuaran de ese modo habría que suponerle santos o pésimos negociantes, puesto que tendrían que haber hecho caso omiso de una oportunidad evidente de incrementar sus ganancias.
Imagínense la situación: estamos en un verano caluroso y el mercado de la electricidad en California es muy rígido. Si usted es una de las grandes empresas que venden electricidad al por mayor seguramente se le ocurrirá lo siguiente: ¿qué pasaría con los precios si una de mis centrales eléctricas sufriera una avería? Y cuando las empresas ponen en práctica esa ocurrencia.......bueno, ya pueden figurárselo........
Es importante, asimismo, percatarse de que la acusación de que las eléctricas estaban reteniendo la producción de electricidad, con el fin de incrementar los precios, no salió de la nada cuando se produjo la crisis; no se trataba de un caso en que los políticos, de pronto, se pusieran a buscar un chivo expiatorio, al contrario, los economistas estaban agitando la bandera roja, advirtiendo ante la posibilidad de que se manipulara el mercado, mucho antes de que los infortunios californianos llegaran a los titulares. De hecho, algunos economistas expresaron su preocupación sobre el asunto, antes de que se llevará a cabo la desregulación en California: existían pruebas claras de que el poder de mercado ya representó un problema al Reino Unido, pues allí se empezó a llevar a cabo la desregulación y la privatización, años antes de que ese proceso llegara a Estados Unidos.
Además, las pruebas resultantes de las investigaciones siguieron acumulándose, poco antes de que el ISO presentara su informe, los economistas Joskow y Kahn divulgaron un estudio que revelaba que habían encontrado pruebas significativas que demostraban que el ejercicio del poder del mercado desempeñó un papel importante la elevación de los precios de la electricidad durante el pasado verano.
Los autores no son de izquierdas, ni siquiera se oponen a la desregulación, procuraban sencillamente analizar los hechos de una manera objetiva, lo que les llevó, de forma casi irrefutable, a la conclusión de que la retención intencionada de electricidad para incrementar los precios había desempeñado un papel importante en la crisis de California.
Con todo, existen razones para pensar que el Gobierno de Washington hiciera oídos sordos a esos análisis tal como el viernes exponía en un artículo este periódico la comisión reguladora de la energía (FERC) que supuestamente debería actuar como el perro guardián nacional de la industria energética, y en los últimos tiempos se asemeja más bien a un perrito faldero. Me impresionó, sobre todo, el hecho de que el equipo de la comisión federal reguladora de energía descubriera que las empresas energéticas poseían la capacidad potencial de ejercer poder de mercado, si bien no pudo concluir que, en efecto, lo habían utilizado. Como ya he dicho, estos generadores de energía habrían de ser santos o pésimos negociantes.
¿Qué deberían estar haciendo los legisladores? Soy escéptico con la propuesta de obligar a los generadores a pagar altas multas; no está claro que sea posible descubrir qué empresa fue la responsable del problema y tampoco de qué porcentaje del mismo o incluso, demostrar que los generadores estuvieran haciendo algo ilegal. Lo que la comisión federal reguladora de la energía sí puede hacer, es imponer a los precios al por mayor un tope transitorio. Eso limitaría el daño financiero de California; actualmente el gobierno estatal se gasta más de mil millones de dólares al mes en subsidios para la compra de electricidad. Asimismo, en un mercado en que el ejercicio de poder del mercado representa factor importante, el tope del precio al por mayor podría, en efecto, elevar el suministro, puesto que las empresas de energía ya no tendrían el incentivo de retener la electricidad para elevar los precios.
Sin embargo, eso no va a ocurrir, échese la culpa al reflejo ideológico del libre mercado o a la influencia política de las eléctricas (muchas de las cuales tienen su sede, cómo no, en Tejas). Cualquiera que sea la razón es difícil imaginarse un gobierno menos proclive a solidarizarse con la situación de California, que el que ostenta el poder en estos momentos, y ésta indiferencia enfada a los californianos, así es como debe ser.

EL LOBO REAL
29 de abril de 2001
Hace poco recibí una carta de un economista al que respeto, en la que me regañaba por mis artículos al estilo de Raph Nader sobre la crisis energética de California. No podía creerse que la manipulación del mercado realizado por las empresas energéticas pudiera ser un asunto importante; tenía la impresión de ser el tipo de cosa que se oye a los que tienen reflejos izquierdistas, que echan la culpa de todos los problemas a los codiciosos capitalistas, tanto si se trata de la pobreza del Tercer Mundo, como de los alquileres excesivos. La izquierda ha gritado tantas veces ¡que viene lobo!, que las personas sensatas han aprendido a no hacer caso de ese tipo de afirmación.
Sin embargo, ahora ha llegado un lobo de verdad y su comportamiento voraz está causando estragos terribles en nuestro Estado más populoso, si bien nadie se lo quiere creer.
Es cierto, que California habría tenido cortes de energía eléctrica veraniegos aunque la desregulación no se hubiera producido, además, incluso si existiese una competencia viable en el mercado de la electricidad al por mayor, los precios en ese mercado sufrirían subidas acentuadas en los momentos de máxima demanda con lo que transferiría miles de millones de dólares de los contribuyentes, o de los consumidores, a los generadores de energía.
No obstante, los indicios de que hoy no existe una competencia factible en el mercado energético de California son abrumadores, como también lo son los de que la actitud de los generadores “de jugar con el sistema” ha magnificado notablemente la crisis. El punto clave es que California, en cierto modo, ha permanecido la situación déficit casi continuo de electricidad con unos precios al por mayor extremadamente altos, con independencia del nivel de la demanda. Una serie interrupciones ha mantenido, de forma muy conveniente y, muy rentable, el mercado eléctrico con falta de suministro, incluso durante los periodos de baja demanda, cuando tendría que haber existido un gran exceso de capacidad.
Tal como ha señalado Wolak, economista de Stanford que también asesora a la red eléctrica del Estado de California, una interrupción del suministro en una central eléctrica es algo muy parecido a lo del empleado que llama a su jefe diciendo estar enfermo. No se puede saber si está realmente enfermo o si decidió tomarse el día libre, aunque pueden buscarse pruebas circunstanciales. Estas han convencido a Wolak de que los generadores utilizan las interrupciones forzadas del suministro de manera estratégica, para retirar capacidad mercado, punto de vista compartido por un número creciente de investigadores.
Lo que nos lleva al último movimiento de la comisión reguladora de la energía (FERC). El miércoles, ésta decidió ofrecer, en apariencia, algún alivio a California, y estableció nuevos precios máximos para el mercado eléctrico del Estado. Digo en “apariencia” porque, cuanto más se analiza el plan, menos parece que pueda ser de alguna ayuda. En efecto, la medida se aprobó por dos votos contra uno, siendo el voto en contra del único comisionado, Massey, que se había mostrado favorable a las demandas de control de precios, quien argumentó que resultaría ineficaz. Qué tiene de malo el plan de la FERC. En primer lugar, sólo poner topes a los precios en condiciones de emergencia, pasando por alto el hecho de que los precios de la electricidad se han mantenido a una altura difícilmente explicable, incluso cuando no existía ninguna emergencia. El plan, de hecho, está diseñado como si el mercado eléctrico fuera realidad competitivo, pese a todas las pruebas en contra.
En segundo lugar, hasta esos topes de emergencia se encuentran repletos de agujeros que ofrecen amplias oportunidades para lo que de denomina el lavado de megavatios: la energía se vende a empresas asociadas que, por una razón u otra, están exentas de los controles de precios (por ejemplo, los controles no se aplicarán a las importaciones desde los Estados vecinos), y luego se vende "de nuevo" en el mercado de California. Severin Borenstein del instituto energía de la universidad de California, añade que, como los precios permitidos dependen del costo de producción de la central menos eficiente, los generadores tendrán una evidente incentivo para producir con ineficiencia: “Preveo que nos encontramos con algunas centrales de las que nunca habíamos oído hablar antes y que de pronto estarán funcionando otra vez, y que serán ineficientes en grado sumo”.
El veredicto general parece ser que no se trata de un plan serio. Existen propuestas que sí lo son, en efecto, el otoño pasado, Wolak presentó una que fue bien recibida por otros expertos, pero la FERC las ha descartado todas.
La interpretación caritativa es que la FERC todavía no ha entendido la situación y que, sencillamente, no puede creerse que, esta vez, el lobo es real. La poco caritativa es que la medida de la semana pasada tenía como finalidad fracasar y considera el plan de la comisión como un gran ejercicio de simulación sin sustancia... un movimiento temporal muy inteligente por parte del gobierno para desviar cualquier repercusión política del desastre que se avecina.
Cualquiera que sea la explicación, el hecho es que la FERC y el gobierno aún tienen que ofrecer a California una buena solución.


ENCENDER CALIFORNIA
27 de julio 2001
Se suponía que esos californianos flojuchos, con todo su “rollo” sobre la conservación y su hostilidad hacia la gran energía, se pasarían este verano sudando a mares en la oscuridad, sin embargo, los acontecimientos no están siguiendo el guión. El verano ha comenzado, pese a lo cual el suministro eléctrico ha sido adecuado, y además los precios han sido bastante razonables. En efecto, los últimos días la electricidad al por mayor, que llegó venderse a 750 dólares el megavatio/hora, el pasado año durante esa misma estación, se ha puesto a menos de 100 dólares y en ocasiones a menos de 50.
Todos somos reacios a comentar esta buena nueva, por miedo a que decir algo optimista se convierta en una profecía contraproducente. Todavía es posible que las cosas vayan bastante mal, con todo, el contraste entre las terribles expectativas del cuadro relativamente benigno hasta el momento, exige una explicación.
Una razón importante para la mejora experimentada en la situación energética de California, se encuentra en el ahorro energético, si tenemos en cuenta las temperaturas, los consumidores californianos están gastando este verano entre un 5 y un 10% menos de electricidad de lo esperado.
Otra razón es la caída brusca del precio del gas natural, un hecho que tiene gran importancia en los costes de producción de energía, enseguida hablaremos más de ello.
El factor más importante en el giro que ha experimentado la situación, sin embargo, es que las centrales eléctricas del Estado están otra vez funcionando. En marzo, con los aparatos de aire acondicionado apagados, debería haber existido mucha capacidad de producción de reserva. Pero alrededor de 15.000 megavatios, un tercio de la capacidad del Estado, misteriosamente no se encontraba disponible. Ahora la capacidad no conectada es inferior a 4.000 megavatios.
¿Por qué han vuelto funcionar las centrales eléctricas estatales? Más concretamente, ¿por qué no funcionaron cuando el Estado necesitó desesperadamente energía, y los precios estaban mucho más elevados que ahora?.
Numerosos economistas aceptan en estos momentos la respuesta incómoda: los generadores sustrajeron electricidad al mercado de forma deliberada con el fin de subir los precios todavía más. Hasta hace poco, las pruebas en favor de esa manipulación del mercado eran puramente circunstanciales; no obstante, ahora las declaraciones de primera mano de antiguos empleados de una planta generadora las han reforzado.
Entonces, ¿por qué cesó la manipulación del mercado? En este momento, los generadores venden gran parte su producción a través de contratos a largo plazo con el Estado, lo que reduce su incentivo para que eleven los precios en el mercado a corto plazo. Sin embargo, la razón principal es, con toda probabilidad, que la intensa vigilancia pública, que culminó en la reciente decisión de regular en el ámbito federal la imposición de topes a los precios, ha convertido a los generadores de que es preferible portarse bien. (Es posible que los detalles de los precios máximos resulten menos importantes que la demostración de que los responsables de la regulación están dispuestos, al fin, a regular algo)
La historia del gas natural es semejante. El pasado año, El Paso Gas Natural, que controla uno de los gasoductos fundamentales que abastecen a California, arrendó una buena parte de la capacidad del mismo a su propia filial de comercialización. Esa filial ha sido objeto de reiteradas denuncias que la acusan de utilizar su control para retirar gas del mercado californiano, lo cual eleva los precios. La empresa niega esa acusación, alegando que un documento interno que se refiere a la “capacidad de influir en el mercado físico, para beneficio de cualquier posición financiera marginal” no quería decir lo que decía. No obstante, cuando el arrendamiento expiró a principios este mes, los precios del gas en California descendieron enseguida un 50%.
De ese modo, parece que lo peor ha pasado antes de lo que todos esperaban. Una ola de calor todavía puede ocasionar una cadena de apagones. Sin embargo, el tiempo está de parte de California; nuevas centrales eléctricas empezarán a funcionar dentro de unas semanas, y muchas otras lo harán a lo largo de los próximos 18 meses.
El gran perdedor de todo éste asunto, pues siempre hay alguien que sale herido, incluso por la buenas nuevas es, por supuesto Dick Cheney el arquitecto del plan adjetivo de perforar y quemar del gobierno Bush.
Recuerdese que Cheney en su momento descartó con desprecio la conservación de la energía como un mero signo de virtud personal, y criticó con acritud a los que estaban a favor del control de precios. Ahora, la situación, de pronto, empieza a mejorar, en parte, a causa de la conservación y en parte por el control de precios y la amenaza de una mayor intervención gubernamental, han frenado la manipulación del mercado por parte de los productores de la energía.
En otras palabras, ha resultado que Cheney que se enorgullece de su mentalidad realista, ingenuamente, no tenía contacto con la realidad, y que los auténticos realistas eran esos tontos que pensaban que California podía solucionar su crisis ahorrando energía y demandando a los productores.

ENRON SE PASA DE LA RAYA
17 de agosto de 2001
Los dioses, aquellos a quienes destruyen, los ponen primero en la portada del Business Week. Cuando la edición del 12 de febrero la revista publicó la foto de Skilling en su portada, se supo que estaba a punto de pasar algo malo, tanto a Enron como a su nuevo ejecutivo jefe. Tanto es así, que el martes, Skilling dejó el cargo por “razones personales”. Al día siguiente, admitió que la más importante de ellas fue la caída del 50% que había experimentado la cotización de las acciones de Enron desde enero.
¿Se trata sólo de un caso más de expectativas extravagantes que se frustran, el tipo de historia que se ha convertido en demasiado común en los últimos tiempos?. No, el caso tiene una significación más amplia, Enron, con sede en Houston, se encuentra en la vanguardia de un poderoso movimiento que espera "financializar" prácticamente todo, es decir, comerciar con casi todo como si de opciones sobre acciones se tratara.
El movimiento concierne tanto a la política como a los negocios y la empresa no se ha inhibido a la hora de usar sus conexiones políticas para lograr sus objetivos. Con la llegada de Bush a la Casa Blanca, gracias en parte a Enron, importante impulsor oculto de su campaña, el límite pareció situarse en el cielo.
No obstante, la "financialización" se asemeja cada vez más a un movimiento que ha ido demasiado lejos. Enron era, en un principio, una empresa de transporte de gas natural sujeta, al igual que todas las demás de ese tipo, a la ajustada camisa de fuerza de la regulación, sin embargo, a mediados de la década de 1980, se liberalizó el mercado del gas y Kenneth Lay, que entonces era el ejecutivo jefe y ahora vuelve a suceder a Skilling, vieron en ello una gran oportunidad.
De una empresa que suministraba gas transformó Enron en una que comerciaba con los contratos financieros; tal como lo expresó en Business Week, Enron se convirtió en una empresa más próxima a Goldman Sachs que a Consolidated Edison. Se transformó en la principal referencia del mercado de la nueva y desregulada la industria del gas natural; dado que la desregulación funcionó bien para el gas, que se muestra cada vez más como el carburante de elección del país, el nuevo papel de Enron resultó muy rentable.
Después del gas, vino la electricidad, a medida que la desregulación hacía furor en todo Estados Unidos, Enron asumió un papel clave como corredor de electricidad al por mayor, en poco tiempo, la empresa buscaba nuevos mundos que conquistar: el abastecimiento de agua, el ancho de banda y los cables de fibra óptica en comunicaciones, el almacenamiento de datos e incluso los espacios publicitarios.
Entonces las cosas empezaron a ir mal, Enron abandonó su actividad en el mercado del abastecimiento de agua, cuando quedó claro que los gobiernos estatales se mostraban reacios a confiar una materia tan estratégica a la magia de la mano invisible. Los escépticos, además, encontraron una buena justificación a su falta de fe cuando la desregulación de la electricidad, que se presumía iba ser una historia de éxito seguro, descarriló de forma espectacular en California.
Los verdaderos creyentes insisten en que la crisis energética del 2000 al 2001, que traspasó decenas de miles de millones de dólares del bolsillo de los contribuyentes a las empresas generadoras de energía y, asimismo un buen bocado a Enron, no constituyó una condena a la desregulación, pues todo fue culpa de los políticos entrometidos, que no permitieron funcionar al mercado. Sin embargo, esa afirmación no resulta demasiado creíble, sobre todo porque no es verdad. La auténtica lección de la catástrofe de California fue que la inquietud que, en un principio, condujo a la regulación, el poder del monopolio y la amenaza de la manipulación del mercado, tiene todavía hoy un fundamento real.
Los gobiernos estatales y locales, alertados por lo que ocurrió en California, van a ser de ahora en adelante, mucho más cautelosos con respecto a la desregulación. Existe, incluso, un movimiento para volver a regular el mercado de la electricidad. Eso da menos oportunidades a Enron, pues la cotización de sus acciones depende de las expectativas de encontrar nuevas Californias que conquistar.
Por supuesto, las personas que Enron puso en la Casa Blanca todavía están ahí, y parecen no haber aprendido nada de lo que sucedió en California. Es verdad que, en ocasiones, el gobierno Bush cede en sus principios de libre mercado; cree, por ejemplo, que los productores de energía necesitan fuertes subsidios, aunque las carencias que se supone que esos subsidios habrían de corregir se hayan vuelto imaginarias (un reciente artículo de portada de Barron’s advertía acerca del próximo exceso energía). Pero, por otra parte, la fe guebernamental en la total desregulación de los mercados no presenta fisuras. El nuevo presidente de la comisión federal reguladora de la energía, la agencia de control que, llamativamente, se negó a ejercer su papel en California es, como ya habrán adivinado ustedes, un tejano con estrechos lazos con la industria energética. Asimismo, el gobierno sigue creyendo que la "financialización" es la forma adecuada de proceder respecto prácticamente todo, desde los certificados escolares a la Seguridad Social.
Pero se equivoca, y esperemos no necesitar de una concatenación de catástrofes para aprender que existen límites a lo que los mercados pueden hacer.

EL CHICO GORDO Y FUMADOR
10 de mayo de 2002
Comencemos con un viejo chiste: un granjero oye ruidos sospechoso en el gallinero, ¿Quién anda ahí? pregunta, “nadie sólo nosotras, las gallinas” contesta el ladrón; satisfecho el granjero vuelve a acostarse.
Esto sintetiza el comportamiento de los responsables federales de la regulación durante la crisis de la electricidad en California. Como vengo señalando desde hace más de un año, existen fuertes pruebas circunstanciales de que la manipulación del mercado tuvo un papel clave en la situación que dió. Las empresas energéticas tenían el motivo, los medios y la oportunidad para causar una subida vertiginosa los precios. Además, la crisis manifestó puso de manifiesto las características que serían de esperar en el caso del que la manipulación del mercado estuviese desempeñando un papel importante: gran parte de la capacidad del Estado en generar energía permaneció sin utilizar, incluso cuando los precios al por mayor subieran 50 veces más de lo normal.
Sin embargo, los funcionarios federales, de Bush para abajo, no ofrecieron a California mas que sermones sobre las virtudes del libre mercado. La comisión federal reguladora de la energía (FERC), que se supone vigila este tipo de cosas, no encontró pruebas de juego sucio.
En esencia, la comisión preguntó, como en el chiste, a las empresas eléctricas si estaban manipulando el mercado ¿quién, nosotros?, contestaron ellas, y eso fue todo. Mi estudio favorito de la FERC descubrió que las empresas energéticas tenían la capacidad para ejercer el poder del mercado, y que les sería rentable hacerlo, aunque no existieran pruebas de que, en efecto, lo hubieran hecho. ¡Esos directivos de la energía deben ser unos chicos fabulosos!.
Lo significativo de las pruebas indiscutibles que constituyen los memorandos de Enron que salieron a la luz hace unos días, demuestran cómo eran en realidad esos directivos de las empresas energéticas. Resulta que Enron, en efecto, amañaba el mercado utilizando estratagemas bautizadas con nombres tan astutos como Chico Gordo, Estrella de la Muerte y Llama al Retaco, ¿quién dijo que los negocios no puede ser divertidos?
Esos memorandos se hicieron públicos pese a la determinación evidente de la FERC de no encontrar nada malo en su investigación. Sabemos que, en efecto, el gobierno Bush permitió a Enron escoger a los miembros de la comisión. Tal como lo expresó un funcionario de California: “La FERC es como un padre que no quiere creerse que su hijo adolescente va por mal camino. Los documentos son significativos, porque equivalen a encontrar en la mochila del chico un diario, en el que dice: Robé en la tienda de bebidas”.
El gran riesgo, en este momento, es que esto se trate como un asunto que concierne únicamente a Enron. Sería una equivocación: Enron era más un comerciante que un productor de energía, y como tal sólo podría haber ejercido un efecto limitado sobre los precios. La cuestión principal implica la manipulación del mercado por numerosos productores. Los datos circunstanciales que apuntaban hacia la manipulación son abrumadores. Y si todavía no han salido a la luz memorandos comprometedores, ¿a qué estamos esperando? El caso Enron demuestra lo fácil que les resulta a las empresas borrar sus huellas, sobre todo cuando los responsables de la regulación están de su parte. Si Enron no hubiera perdido su influencia, a causa de la quiebra, es seguro que nunca habíamos oído hablar de Chico Gordo y Estrella la Muerte.
No obstante, hay un aspecto que es especifico de Enron en este caso. Es posible que yo haya cometido una injusticia con Thomas White, secretario del ejército, que dirigió Enron Energy Services, un departamento al que se utilizó, ante todo, para generar beneficios fraudulentos, o así lo pensé, mediante el inflado del valor de las acciones de la empresa. Sin embargo, ha resultado que ese departamento desempeñó también otra función: la de crear transacciones comerciales de energía ficticias, y así elevar los beneficios reales de Enron a expensas del Estado de California. ¿Por qué razón concreta sigue White en su cargo?
Lo que en verdad me molesta de este asunto, con todo, no es el comportamiento de las empresas energéticas. Ni siquiera la actitud del gobierno Bush, a pesar de que este no sólo se mostró indolente mientras se robaban alrededor de 30 mil millones de dólares al Estado de California, sino que también explotó con desvergüenza la miseria del Estado para promocionar su propio plan energético, por completo irrelevante. Ahora, por supuesto, ese mismo plan energético es esencial para la guerra contra el terrorismo.
No, lo que realmente me fastidia es la posición que tantos analistas políticos y de negocios adoptaron: que la catástrofe de California no demuestra nada acerca de los riesgos del arte regulación y los peligros de tanto amor al libre mercado. Defienden que la culpa fue de la propia California, por haber creado un sistema defectuoso: una palabra maravillosamente vaga, que sirve para rehuir la necesidad de explicar lo que ocurrió en realidad. De hecho, el principal defecto consistió en que el sistema no contenía los dispositivos necesarios para evitar la manipulación del mercado estoy seguro asimismo, que se procurará con determinación pasar por alto incluso estas últimas revelaciones. Al fin y al cabo, ¿por qué permitir que los hechos se interpongan en el camino de una teoría tan hermosa y políticamente conveniente?

A PLENA LUZ DEL DÍA
27 de septiembre 2002
Usted es una de las grandes empresas que venden electricidad al por mayor. Seguramente se le ocurrirá lo siguiente: ¿qué pasaría con los precios si una de mis centrales eléctricas sufriera una avería? Y, cuando las empresas ponen en práctica ésa ocurrencia... bueno, ya se lo pueden figurar ustedes.
Escribí en el mes de marzo de 2001, cuando la crisis del suministro eléctrico de California se encontraba en su apogeo. Incluso entonces los expertos con los que hablé, economistas que habían seguido de cerca la situación, y tenían amplitud de miras, pensaban que las empresas energéticas estaban creando la escasez de suministro eléctrico de forma deliberada. No obstante, sólo en las últimas semanas, tras una serie de informes y sentencias irrecusables, la opinión general ha aceptado lo obvio a regañadientes.
En eso consiste el auténtico misterio de la crisis de California: ¿cómo es posible que se roben 30 mil millones de dólares a plena luz del día?
Es cierto que siempre fue difícil precisar los actos concretos de manipulación del mercado, Wolak de Stanford hace la analogía entre las empresas tecnológicas y el empleado que llama una y otra vez para decir que está enfermo: la pauta es evidente, a menos que se coja simulando una dolencia será difícil probar que está fingiendo.
Sin embargo, las pruebas empiezan a acumularse. Primero surgieron esos memorandos de Enron. Luego la comisión de suministros públicos de California determinó que la mayor parte de los apagones que el Estado padeció entre noviembre 2000 y mayo 2001 no ocurrieron debido a que la capacidad generadora de electricidad fuera insuficiente, sino a que las grandes reservas energéticas mantuvieron fuera de servicio gran parte de su capacidad productiva. Más recientemente, un juez de la comisión federal reguladora de la energía ha fallado que El Paso Corporation utilizó el control que poseía sobre un gasoducto clave para generar una escasez artificial de gas natural.
Pero ¿por qué las empresas de energía pensaron que podían salirse con la suya? Una respuesta quizá sea que los presuntos malhechores son grandes contribuyentes del Partido Republicano. Algunos analistas han sugerido que las empresas de energía se sintieron libres de manipular el mercado porque creían que habían comprado la protección de la regulación federal; los que piensan en conspiraciones señalan que la falta severa de energía comenzó justo después de las elecciones del 2000, y terminó cuando los demócratas obtuvieron el control del Senado.
Los responsables federales de la regulación seguramente daban la impresión de estar decididos a no ver ni oir nada malo, y por encima de todo, a no revelar los indicios del mal a los funcionarios estatales.
Un fallo anterior de la FERC sobre El Paso era, de acuerdo con muchos observadores, un encubrimiento de faltas. En otro caso, AES/Williams fue acusada de cerrar plantas generadoras, lo que obligó al sistema energético a comprar energía a otras unidades de la misma empresa, a unos precios mucho más elevados.
En abril de 2001 la FERC y Williams alcanzaron un acuerdo según el cual la empresa devolvió los beneficios adicionales, si bien sin pagar multa alguna, y la FERC ocultó la prueba. La semana pasada la CBS News informó que “los responsables federales de la regulación tienen grabaciones de la sala de control de energía que prueba que los comerciales de Williams Energy llamaron a los operadores de la central y le dijeron que cortaran el suministro. El Gobierno, en un acuerdo secreto ¿el mismo acuerdo?, selló las cintas, y todavía se niega hacerlas públicas”.
Si eso es cierto, la FERC cogió por lo menos a una empresa flagrante delito, en plena crisis, en un momento en que los funcionarios del Estado de California rogaban a la comisión que actuara, y después encubrió el hecho. Sin embargo, el episodio ha tenido poca repercusión pública.
Por alguna razón, nunca ha estado de moda hablar de lo que realmente sucedía California. Cuando la crisis estaba en el peor momento, la mayoría de los comentaristas se atuvieron a un argumento que culpaba a los burócratas entrometidos, y no a las empresas que se estaban beneficiando de la situación. Cuando la crisis terminó, el asunto de pronto se volvió viejo.
Tal vez nuestra fe nacional en el mercado libre sea tan fuerte que, sencillamente, a la gente no le apetezca hablar de un caso en el que el mercado se comportó especialmente mal. No obstante, todavía me intriga la falta de atención que se prestó no sólo al desastre, sino también a los indicios de encubrimiento. Al fin al cabo, este fue el caso más llamativo de abuso de poder del mercado desde los días de los magnates ladrones, y los federales no hicieron nada para ponerle freno.
Asimismo, si la FERC se portó un modo extrañamente ineficaz durante la crisis de California, ¿qué podemos esperar otras instituciones? En todo el gobierno, desde del departamento del interior y el servicio forestal, hasta la agencia de protección ambiental, los antiguos miembros de los grupos de presión de las industrias reguladas están hoy posiciones clave, y se muestran poco inclinados a crear problemas a sus antiguos y futuros empleadores.
Por consiguiente, pasamos por alto la experiencia de California por nuestra cuenta y riesgo, es muy probable que sea representativa de lo que está por venir.

DELIRIOS DE PODER
28 de marzo de 2003
Se consideraban asimismo realistas decididos, y tenían a los que dudaban como unos llorones confusos. Acallaron a los que cuestionaban sus premisas, a pesar de que entre los escépticos se incluían muchos de los analistas del propio gobierno. Se mostraban totalmente seguros y, sin embargo, con una rapidez asombrosa, todo lo que dijeron resultó ser pasmosamente erróneo.
No, si no me refiero la guerra; hablo del grupo de trabajo sobre la energía que Dick Cheney dirigió en 2001. Con todo, algunas semejanzas inquietantes existen entre los dos temas. En estos momentos, los analistas políticos se preguntan cómo Cheney que predijo, muy seguro, que “recibirían como libertadores” a nuestros soldados pudo haberse equivocado tanto. Sin embargo, un nuevo informe devastador acerca de la de la crisis energética de California no recuerda que Cheney se mostró igualmente seguro, e igualmente equivocado, con relación a estos asuntos.
En la primavera de 2001 las luces se apagaban a lo largo de toda California. Había apagones parciales y totales, y el precio de la electricidad subió vertiginosamente. En plena crisis, se convocó al grupo de trabajo de Cheney. El grupo concluyó, en síntesis, que la crisis energética era un problema de largo plazo causado por los burócratas entrometidos y los malditos ecologistas al no permitir que las grandes empresas hicieran lo que tenía que hacer. ¿La solución? Recortar las normas medioambientales y proporcionar subsidios de miles de millones de dólares a la industria de la energía.
En el camino, Cheney descartó burlonamente el ahorro energético como un simple “signo de virtud personal”, y desdeñó a los funcionarios californianos que reivindicaban el control de los precios y afirmaban que la manipulación del mercado estaba exacerbando la crisis. Para ser justos, casi todos, tanto en la política como en los medios de comunicación, compartían la actitud de desprecio de Cheney en este último, y sí, es cierto que me doy palmaditas en la espalda por haber tenido razón, pues ahora sabemos que Cheney estaba equivocado en todo lo que dijo.
De hecho, la crisis energética en California no tenía nada que ver con las restricciones medioambientales, aunque sí mucho con la manipulación del mercado. En 2001, las pruebas de esa manipulación eran meramente circunstanciales. Sin embargo, ahora contamos con un nuevo informe de la comisión federal reguladora de la energía, que hasta estos momentos había descartado las acusaciones de manipulación del mercado, ya no: el nuevo informe concluye que ésta ocurrió de forma generalizada, y proporciona una montaña de pruebas directas, que incluyen conversaciones telefónicas, correos electrónicos y documentos internos. Ya no cabe duda: la escasez de energía en California fue en gran parte artificial, y las empresas eléctricas la causaron con el fin de elevar los precios y sus beneficios.
¡Ah! y ¿qué acabó con la crisis? Los factores fundamentales fueron el ahorro energético y el control de precios. Entretanto, ¿qué pasó con esa escasez de capacidad a largo plazo, que había hecho necesario que se recortaran las normas de protección medioambiental y que se proporcionaran grandes ayudas financieras a las empresas? Meses después de hacerse público el informe de Cheney, los analistas bursátiles rebajaban las valoraciones de las empresas energéticas, debido a su exceso de capacidad de producción a largo plazo.
En resumen, Cheney y sus decididos realistas hablaban de forma engañosa: su informe describía un mundo de fantasía que no tenía relación con la realidad. ¿Por qué se equivocaron tanto?
Una respuesta es que Cheney se aseguró que su grupo de trabajo sólo incluyera nombres que pensaban de un modo semejante: hasta donde podemos decir, no consultó con nadie, excepto con los ejecutivos de las empresas energéticas. Por consiguiente, el grupo de trabajo estaba sujeto a la que los militares denominan “amplificación incestuosa”, es decir, “una condición de la guerra en la que sólo se escucha a los que ya se encuentran en una situación de estrecha concordancia, lo que lleva a que se refuercen las creencias establecidas y se cree una situación propicia para los cálculos equivocados”.
Otra respuesta es que Cheney, en esencia, recibió consejo de cómo terminar con la crisis energética de las mismas empresas que la habían creado, para su diversión y beneficio. Sin embargo, ¿conocía él la broma?
Es posible que nunca sepamos lo que en verdad ocurrió en el grupo de trabajo, dado que el gobierno Bush ha ido extraordinariamente lejos para impedir que lo descubramos. Al principio, la oficina general de contabilidad, apartidaria, que se supone debe actuar como un vigilante interno, parecía decidida a ahondar en el asunto. No obstante, después de las elecciones de mitad del mandato, según el boletín, The Hill, los congresistas republicanos abordaron al presidente de la institución y le amenazaron con recortar el presupuesto si no se volvía atrás.
He ahí donde se encuentra la moraleja más amplia. En los últimos dos años, Cheney y otros altos funcionarios se han equivocado una y otra vez, con respecto a la energía, la economía y el presupuesto. Sin embargo, la presión política los ha aislado de toda consecuencia adversa. Por tanto, ni ellos ni el país aprenden de sus errores que, desgraciadamente van en aumento.

12 septiembre 2006

Generación distribuida (1)


Gregorio Gil

Realizaremos inicialmente una breve revisión de las tendencias de la industria energética actual, tanto desde el punto de vista regulatorio (internacional), como económico y técnico de lo que presenta la energía distribuida como un negocio que está ya llamando a la puerta. Debido a la omnipresente y atrincherada posición de las empresas eléctricas, tanto en los Estados Unidos como en otros países, este desarrollo no siempre tiene lugar en un ámbito de abierta competencia. Las fuerzas creadas por el actual sistema eléctrico continúan ejerciendo una notable influencia en nuestras percepciones de que sean posibles ambos tipos de suministradores y consumidores. El término generación distribuida se define como aquellas tecnologías que obtienen energía eléctrica por debajo de 10 MW y que pueden estar situadas cerca de la carga que sirven. Debería ser un aspecto a no olvidar por las Administraciones en sus distintos niveles, ya que contamos con una fuente de producción de energía eléctrica y de produccion de calor y frio que abre nuevos horizontes a los grandes monopolios internacionales que se terminarán configurando si no lo impedimos.

No todas las tecnologías a pequeña escala están incluidas en este estudio. La hidráulica y la eólica se han considerado demasiado dependientes del combustible (su localización está dictada por la disponibilidad previa de agua o de aire en movimiento para poder ser consideradas como auténtica generación distribuida al menos de forma exclusiva).

1 PRODUCCION DE ELECTRICIDAD: DISTRIBUIDA - CENTRALIZADA

La generación distribuida no es un concepto nuevo. De hecho, hasta que la electricidad fuera introducida como una alternativa comercial, la energía históricamente la proporcionaba el vapor, la hidráulica, el calentamiento y enfriamiento directo y la luz, toda la energía era producida cerca del dispositivo o servicio que requería dicha energía.

Desde su concepción como industria, la electricidad ha competido con el gas para conseguir clientes. De hecho, la iluminación mediante arco eléctrico, a mediados del siglo XIX, reemplazó a los sistemas de gas más baratos pero más volátiles que se abastecían de gas ciudad una mezcla de hidrógeno e hidróxido de carbono. El sistema de suministro de gas, fue el primer sistema centralizado de la moderna industria de la energía, producido inicialmente en las cercanías del cliente y posteriormente almacenado en grandes gasificadores. Hacia los 1870 el gas fue transportado en tubería a través de las principales ciudades de los Estados Unidos y Europa.

Las economías de escala hicieron posible los sistemas de iluminación municipales, sin embargo existían numerosos problemas, la luz era pobre y el enorme calor gastado hacia que las habitaciones fueran humeantes y, a veces, excesivamente calientes, despejando así el camino de una alternativa mas limpia y fría dentro del mercado; la electricidad.

Edison creo el primer sistema municipal, imitando la industria de iluminación por gas llevando su energía hasta filamentos incandescentes, en lugar de emplear un quemador de gas. La misma reducción en costes de capital por unidad de potencia generada se aplicó a la electricidad como anteriormente se hiciera con el gas, continuando así la inexorable tendencia a una centralización en la generación, distribución y gestión de la energía.

Inicialmente, las empresas eléctricas se establecieron en territorios abiertos sin servicios, garantizando así monopolios de hecho. Los sistemas fueron aislados, sin conexión con otras empresas eléctricas. A finales de 1920, sin embargo, las redes eléctricas se unieron unas con otras y la interconexión ofreció evidentes ventajas (compartir la cubrición de cargas pico, y energía de respaldo) Durante los años 20, la financiación de tales aventuras de respaldo fue relativamente sencilla, hasta el crash de Wall Street en el 20. La ley de Public Utility Holding Companies de 1934 reconoció como elementos públicos la electricidad, el gas, el agua y el teléfono imponiendo limitaciones a las empresas que suministraban tales servicios.

La edad de oro de la regulación no ha sufrido cambios sustanciales hasta que han pasado 60 años.

Los avances tecnológicos no fueron reservados, sin embargo, para operaciones a gran escala. Las pilas de combustible se desarrollaron inicialmente para los viajes espaciales, y las turbinas de gas aeroderivadas fueron utilizadas inicialmente en la impulsión de los aviones a reacción impulsando finalmente a las turbinas utilizadas en aplicaciones estáticas. El seguimiento de una senda blanda, con economías sostenibles ambientalmente produjo la ingeniería solar y los sistemas fotovoltaicos. Los avances paralelos en comunicaciones y en microprocesadores “edad digital” creó la supervisión y las arquitecturas de servicio para esta nueva generación de suministradores de energía. La clave en todo ello, el cambio en las economías de producción en masa que se ven reemplazadas, proporcionando así un nuevo paisaje a la energía.

1.1 REESTRUCTURACION REGULATORIA

El cambio intensivo del sistema regulatorio norteamericano en las empresas eléctricas y de gas natural dio comienzo con la Energy Policy Act de 1992, la cual requirió líneas de conexión interestatal, solicitando todos los propietarios de líneas de transmisión plantando tarifas de acceso-abierto. Cada generador cualificado de electricidad afiliado a una empresa de utilidad o independiente pudo tener acceso a las líneas de transporte de energía eléctrica. El objetivo de estas iniciativas a nivel federal fue crear unos mercados eléctricos competitivos. No debemos olvidar que el fin último de un mercado competitivo es finalmente una disminución de los precios una vez asegurado el suministro fiable (sin cortes ni microcortes).

Esta desregulación inicial de la totalidad del mercado, aunque expandió a cientos de nuevas empresas comercializadoras, no afectó al usuario final.

Otro movimiento desregulador fue el del mercado detallista que constaba del sistema de distribución, el suministrador del contrato de energía para cliente energético individual, facturación, medición y servicios de eficiencia energética cambiaron en la industria de la empresas de utilidad eléctrica.

Las diferencias regionales en las tasas eléctricas (en un rango de 0,11-0,13 $/kWh) llevaron a una agenda de reestructuración entre los diseñadores de políticas, pero los avances tecnológicos lo hicieron posible. Las enormes mejoras en la eficiencia conseguidas en las centrales impulsadas mediante turbinas de gas, han reducido el coste de producción eléctrico, así como el tamaño requerido para obtener dichas reducciones de coste. Las economías de escala no son ya una justificación para la producción de energía mediante monopolios. Los estados con altos precios de la energía con relación a otros estados están más inclinados a reestructurar, con la expectativa de mejorar su eficiencia, disminuir sus costes, y finalmente sus precios. Los bajos precios de la energía impulsan la inversión y el negocio, mientras que los precios elevados llevan a una industria a la deslocalización.

Tras 15 años de intenso debate, 30 de los 48 estados bajo la jurisdicción de la FERC aún no han adoptado la reestructuración de sus industrias eléctricas, en general, quienes tienen los precios más elevados reestructuran, mientras que quienes los tienen más reducidos no lo hacen, retardando su decisión. La Comprehensive Electricity Competition Act, propuesta por la administración Clinton en Junio de 1998 y revisada en Abril de 1999 requirió la competencia al detalle ej.: acceso directo a las fuentes de suministro eléctrico para todos los clientes desde enero de 2003. Sin embargo, los estados permitirían optar a las medidas legislativas que los consumidores pensaran les podían dañar (Hill 1995).

La salida de la moratoria legislativa-regulatoria sobre la reestructuración del detalle es difícil de predecir. Sin embargo, existen unas ciertas tendencias innegables en la industria eléctrica: 1 desintegración 2 convergencia 3 globalización.

1.2 ESTADOS VERTICALES DE DESINTEGRACION

La industria está llegando a ser cada vez más verticalmente desintegrada, mediante la legislación estatal, comisiones de expertos y políticos estatales. Las empresas eléctricas necesitan la venta de sus activos cada vez con mayor frecuencia. Teniendo en cuenta estos desarrollos al nivel del estado, así como los requisitos de la FERC de acceso abierto a las líneas de transmisión, el futuro de los mercados y empresas eléctricas será muy distinto a lo que existe en estos momentos. Los mercados eléctricos se parecerán al del gas, con un mercado de futuros, un mercado spot y una variedad de herramientas financieras (descritas más adelante) si se admite la senda de liberalización de los mercados. Muchas empresas eléctricas llegarán a ser empresas nacionales e internacionales de energía, diversificando la oferta de productos y servicios. El Estado en sus distintos niveles (europeo, nacional, regional y local) tiene en esto mucho que decir.

Estas nuevas empresas eléctricas venderán la energía en la forma deseada por sus clientes. El porcentaje energético de la electricidad es en la actualidad del 40%, casi el doble de lo que ocurría en los años 50, este porcentaje se espera aumente notablemente en el futuro debido a la revolución de la información así como de la incorporación de la electricidad procedente de otros sectores, principalmente del acondicionamiento de espacios, procesos industriales y transporte.

1.2.1 Convergencia de las empresas eléctricas

Las empresas eléctricas de distribución se enfrentan a una intensa competencia de comercializadores de suministros fiables de la electricidad, en su labor de obtener y mantener a sus clientes. El progreso tecnológico en el desarrollo de las tecnologías de generación distribuida, proporcionará incentivos para las empresas eléctricas de distribución local que se fusionarán con las empresas de distribución de gas. Además de las ventajas obvias de las economías funcionando conjuntamente como, por ejemplo en lo que a mediciones refiere, una fusión eléctrica-gas puede utilizar las infraestructuras gasísticas como un sistema de almacenamiento de las operaciones eléctricas. A la empresa fusionada le resultará indiferente la forma en la que el cliente desea que le llegue la energía, la electricidad es la forma de energía preferida por los clientes y como se ha discutido anteriormente, es probable que así continúe, a medida, que las nuevas tecnologías eléctricas entren en el mercado del consumidor.

Con la difusión de las tecnologías avanzadas de comunicaciones tales como la fibra óptica (la cual usan muchas empresas eléctricas en sus sistemas de transmisión) es un incentivo para la convergencia de las empresas gasísticas y eléctricas, existe un pequeño problema y es que apenas el 2 % del ancho de banda es utilizado para la transmisión de información, lo que proporciona un incentivo adicional a las fusiones de las empresas existentes. Existen incentivos para la convergencia del teléfono, internet y el cable con las industrias de energía usando todas ellas el cable de fibra óptica. Debido al uso de medidores, las empresas de agua pueden también formar una parte importante de esta tendencia hacia la convergencia.

1.2.2 Globalización

La EPA ha roto las barreras para la globalización de la empresas eléctricas en los Estados Unidos que fueron antiguamente limitadas a su uso dentro un solo territorio, manteniendo empresas de múltiples servicios territoriales en estados contiguos, pueden ahora comprar activos energéticos en cualquier parte del mundo entrando dentro de su interés las empresas eléctricas. Estas facilidades pueden tambien permitir la manipulación de los precios como se ha demostrado ampliamente en el caso Enron.

La globalización de la industria eléctrica después de la actuación de la EPA ha resultado impresionante. Muchas de las empresas eléctricas han comprado otras extranjeras habiéndose dado también el fenómeno inverso. La National Grid del Reino Unido, la mayor empresa de transmisión del mundo ha comprado el New England Electric System por 3.200 millones de dólares, Scottish Power pagó 12.800 millones de dólares por Pacific Energy, creando una de las 10 empresas eléctricas más grandes del mundo.

La estructura final del mercado eléctrico dependerá de la legislación del estado y de las reglas de las comisiones regulatorias. La FERC tiene jurisdicción interestatal sobre los mercados eléctricos; los estados tienen jurisdicción sobre las ventas al por menor. Los políticos tienen dos opciones:

  • Permitir que la industria evolucione, asegurando un acceso abierto a las líneas de transmisión para cualquier entrada potencial en la industria de generación permitiendo que las fuerzas competitivas emerjan en todo momento.
  • Podrían también considerarse pequeños cambios políticos tales como la sustitución basada en los rendimientos por la basada en los costes.
  • Una reestructuración más radical de la industria: facilitando la competencia en la generación creando el mercado spot, y los operadores independientes del sistema y permitiendo a los clientes el acceso directo a los suministradores eléctricos de su elección.

Los párrafos anteriores contemplan a las empresas de la industria de los Estados Unidos y resultan relevantes en la subida en importancia de la generación distribuida. Pero pueden ser una buena guía en el caso español y europeo. Existe una publicación más completa, del mismo autor, en soporte pdf en una revista electrónica de nombre Materiales de Trabajo.

11 septiembre 2006

Argelia limita la participación de las petroleras extranjeras


Ignacio Cembrero

Una de las dos principales disposiciones consiste en aumentar hasta el 51 % como mínimo la participación en Sonatrach, la petrolera estatal argelina, en los contratos de exploración y explotación que se firmen a partir de ahora con compañías extranjeras. Con la ley anterior oscilaba entre el 20 % y el 30 %. Paralelamente Sonatrach dispondrá también al menos del 51 % en las concesiones para el transporte de hidrocarburos, mediante oleoductos y gaseoductos nacionales.

El pasado marzo, Gas Natural y Repsol firmaron con Sonatrach un acuerdo para construir una planta de gas natural licuado en la que la petrolera estatal argelina participa con un 20 %. Con las nuevas reglas de juego este tipo de contratos serán imposibles y se vuelve a la situación anterior a Julio de 2005, cuando era obligada la presencia mayoritaria de la petrolera estatal.

La otra disposición, aún mas perjudicial para los afectados consiste en instaurar una tasa entre el 5 % y el 50 % sobre los “beneficios excepcionales” que genera el crudo para las petroleras cuando el precio del crudo Brent, de referencia en Europa, rebase los 30 dólares el barril.. Cerró el viernes pasado a 66,53 dólares. Si algún día cayese por debajo de ese precio, el impuesto argelino desaparecería. La presión fiscal variará en función del nivel de extracción de petróleo de cada compañía. Esta nueva fiscalidad tiene efectos desde el 1 de Agosto pasado.

Un portavoz de Repsol comentó ayer que, a falta de conocer los decretos de aplicación de las nuevas medidas, confían en que no afecten a sus contratos.

“A nuestros socios extranjeros no les va a gustar que se les quite una parte de sus beneficios; lo verán como un punto negativo”, admitió el ministro argelino de Energía, Chakib Jelil, en las conferencias explicativas que dio, en Londres y en Argel, sobre el alcance de las enmiendas. Jelil fue, paradójicamente, en su día uno de los mas firmes partidarios de la anterior ley de hidrocarburos, de inspiración liberal, aprobada en Julio de 2005.

Esta suscitó, sin embargo, fuertes reticencias en los sindicatos y en amplios sectores de la burocracia argelina, empezando por el antiguo partido único, el Frente de Liberación Nacional “No hay en el ámbito internacional, ningún otro ejemplo de un país que haya adoptado una legislación similar”, se indignaba por ejemplo, en sus columnas de la prensa, Hocine Malta, exvicepresidente de Sonatrach. Hugo Chávez y Evo Morales eran para el, en cambio, los modelos a imitar.

Lo que más ha disgustado, por ahora, a los socios extranjeros ha sido, sin embargo, la inseguridad jurídica que supone un bandazo de tal calibre de un año para otro. Aunque, en buena medida, comparte el “patriotismo energético” de las autoridades, la prensa argelina también ha criticado “el giro d 180 grados” dada por Jelil siguiendo instrucciones del presidente Abdelaziz Buteflika. “Estas modificaciones de la legislación no ayudan a guiar a los inversores”, se quejó el diario La Tribune.

A las multinacionales del sector, que no se han manifestado públicamente, les preocupa, además no saber exactamente las enmiendas afectarán al sector gasístico y de que dependerá que los “beneficios excepcionales” que obtengan a partir de agosto sean gravados con un 5 % o un 50 %.

Ingresos multimillonarios

Las petroleras extranjeras ganaron en 2005 en Argelia, unos 4000 millones de dólares (casi 3200 millones de euros), según datos proporcionados por Sonatrach, mientras que la compañía estatal obtuvo 10 veces más. En 2006 las primeras deberían granjearse 6000 millones de dólares (4700 millones de euros) y Sonatrach 53000 millones de dólares (42009 millones de euros).

Argelia es hoy en día el primer proveedor energético de España no tanto a causa de sus exportaciones de petróleo (que mayoritariamente se dirigen a Estados Unidos), sino de gas. Medgaz, un gasoducto que transporta hasta 8000 millones de metros cúbicos al año, une desde 1996 a los dos países, a través de Marruecos, y un segundo entre Orán y Almería, que pasará por el fondo del Mediterráneo, entrará en funcionamiento en 2009. Algo más del 60 % del gas que se consume en España (la fuente de energía no renovable cuyo consumo crece mas rápidamente) es argelino. Además, Argelia es el sexto país con mayores reservas de gas. Además de las empresas españolas tienen presencia en Argelia multinacionales como British Petroleum, Total y Petrobras, entre otras.

La escalada del precio del barril eleva las reservas a 53.600 millones de €
Con unas reservas de divisas de 68000 millones de dólares (unos 53600 millones de €), el Estado argelino nunca ha sido tan rico desde que se independizara de Francia en 1962. El ministro argelino de Hacienda, Murad Medelci, señaló ayer que, gracias a los altos precios del petróleo, las reservas financieras a finales de agosto ascendieron a la cifra citada y que durante este año Argelia ha reembolsado por anticipado unos 12.000 millones de dólares de su deuda exterior pública.
Medelci indicó que también se han reembolsado 800 millones de dólares de deuda exterior establecida con el Club de Londres. Sólo en 2005 las exportaciones de hidrocarburos supusieron a las arcas argelinas 46.000 millones de dólares.
El súbito enriquecimiento argelino se debe también al incremento del bombeo de petróleo que alcanzó 1,5 millones de barriles diarios y que en 2010 llegará a dos millones. Otro tanto sucede con el gas cuya producción se situó en 62.000 millones de m3, pero que en 2010 rondará los 85.000 millones de m3. Además de aumentar su producción de gas, Argelia se esfuerza también para que el precio de este recurso tenga una evolución similar a la del crudo. Así se interpretó, por ejemplo, el acuerdo firmadoel 4 de Agosto entre el gigante ruso Gazprom y la argelina Sonatrach.
Mientras, la OPEP concluirá hoy en Viena su 142 conferencia ministerial sin cambiar el nivel de su oferta, según las previsiones del marcado. Pero el ministro de Qatar, Abdullah bin Hamad Al Attiyah, lanzó un mensaje: "el cártel estudiará en diciembre la opción de reducir su oferta de crudo, si los precios de esa materia prima prolongan el abrupto descenso iniciado hace un mes", informa Efe.

(El País 11-9-2006)

08 septiembre 2006

El impacto global de la reformas energéticas



Sharon Beder
Docenas de gobiernos se han subido al tren de la desregulación y la privatización de la electricidad desde mediados de los años 90. Gobiernos y líderes de opinión tienden a pensar que esta es la mejor solución, a pesar del aumento de tarifas y las crisis catastróficas que ha provocado: la serie de apagones desde Buenos Aires a Auckland; el rescate financiero de empresas eléctricas, por parte de los gobiernos del Reino Unido y California; el racionamiento de la electricidad en Brasil; y el hecho de que millones de personas, desde la India a Sudáfrica ya no puedan permitirse pagar más por este servicio.

La desregulación y privatización de la electricidad reciben el apelativo de liberalización por parte de aquellos que las defienden y que emplean éste término para disfrazar lo que, básicamente, representa un traspaso de la propiedad y el control de la electricidad de manos públicas a privadas. La liberalización implica que el objetivo de alcanzar un servicio asequible, accesible y fiable pasa a ser sustituido por el ideal mercantil de la competencia, el mito de la capacidad de elección del consumidor, y la prioridad de la eficiencia económica, medida en función de los beneficios o de la tasa de rendimiento de las inversiones.
La privatización de la electricidad no es algo que los ciudadanos hayan exigido o deseado. Por lo general, la participación ciudadana en los procesos decisorios para la reforma del sector eléctrico ha sido mínima. Y como lo atestiguan los hechos, la privatización de la electricidad ha provocado muchas protestas. El descontento popular se ha manifestado en la Argentina, la India, Indonesia y Ghana. En el Perú, Ecuador y Paraguay, las protestas han conseguido congelar las propuestas de privatización. En la República Dominicana, muchas personas fueron asesinadas durante las manifestaciones organizadas contra los cortes de energía provocados por las empresas privatizadas. En Sudáfrica, miles de personas marcharon durante una huelga general de dos días para protestar contra la privatización, que denominaron como apartheid resucitado. En Papúa, varios estudiantes fueron asesinados cuando miles de personas se concentraban contra el plan de privatización de servicios públicos, entre los que estaba Elcom, la administración encargada de la electricidad. Incluso en China, los trabajadores protestaron contra la venta de una central eléctrica de la provincia de Henan a una empresa privada, y amenazaron con: “bloquear la autopista estatal y tendernos sobre los raíles mientras los trenes nos arrollan” (O´Neill, 2001).
Los beneficiarios de la privatización han sido los consultores y los bancos, las constructoras, las empresas de seguros, los fondos de pensiones y otras empresas industriales y comerciales que pudieron invertir en los servicios recién privatizados u ofrecerles préstamos a los compardores. Ellos son los que han asesorado los planes de privatización y han ayudado a redactar las leyes des reguladoras. Además, se han embolsado honorarios por actuar como intermediarios en la compra de empresas privatizadas de energía, en todo el mundo, o dedicándose a la comercialización de la electricidad.
Manipulación de precios
Se supone que la reestructuración y privatización del sector eléctrico abrirá el suministro a la competencia y sometiendo a las empresas eléctricas recién privatizadas a la disciplina del mercado, de modo que finalmente, se supone, serán más eficientes y los precios disminuirán. Pero lo cierto es que, con la privatización y la reestructuración, los precios han aumentado o, al menos, se han hecho extremadamente volátiles. Así, la supuesta disciplina del mercado se ha visto eclipsada por la manipulación de los precios de las empresas eléctricas, que buscan incrementar el precio de la electricidad y maximizar los beneficios.
En California, el costo de la electricidad de los usuarios residenciales y comerciales aumentó en 11 mil millones de dólares sólo en un año, y otros miles de millones salieron en agosto del bolsillo de los consumidores y las empresas públicas de California, para ir a parar a empresas eléctricas privadas y a los agentes intermediarios del sector energético, muchos de ellos residentes en otros estados. Se clausuraron minas, aserraderos y fábricas de aluminio; se despidieron trabajadores (Beder 2003). Un estudio realizado por los defensores de la desregulación, Paul Joskow, profesor de economía y administración del MIT y Edward Hahn, del Analysis Group de San Francisco, demostraron que el incremento de los precios no podía explicarse por las condiciones del mercado, como el aumento del precio del gas natural, una mayor demanda eléctrica, la falta de oferta o incluso el aumento de los créditos de contaminación. Llegaron hacia la conclusión de que los precios de la electricidad estaban muy por encima del que cabría esperar un mercado verdaderamente competitivo (Joskow y Kahn 2000).
Lo que había sucedido era que los proveedores de energía habían empezado a ejercer su poder de mercado y a manipular los precios. El principal método utilizaban consistía en retener parte del suministro para crear una escasez artificial y, de ese modo, elevar los precios. Los productores, al mismo tiempo, cortaban la capacidad de producción para realizar tareas de mantenimiento, justo cuando se necesitaba mayor suministro (Beder 2003). Los productores y los distribuidores vendían electricidad a otros estados y, cuando los precios se disparaban y California a causa de la escasez, volvían a vender a California a un precio muy superior del que habrían conseguido en otro caso. De hecho, durante el período del 2000 cuando supuestamente, había mayor escasez, se exportó más electricidad de California que en el año anterior, y no había ninguna norma que evitara que los productores se comportarán así porque eso hubiera “obstaculizado” el libre mercado (Berry y Riccardi 2001).
Pero no fue hasta que Enron entró bancarrota que salieron a la luz documentos que demostraban que las compañías energéticas habían estado manipulando los precios de la electricidad en California y ganando dinero a expensas de las empresas públicas y consumidores mediante prácticas fraudulentas. Enron, por ejemplo, creaba la falsa impresión de que las líneas eléctricas estaban congestionadas, exagerando la potencia que pensaba transmitir a través de ellas. De ese modo, recibía dinero para reducir un colapso que de hecho no se iba a producir. Los pagos para descongestionar las líneas llegaron a alcanzar los 750 dólares/kWh (Oppel 2002).
Sin duda, Enron no era la única empresa que empleaba este tipo de estrategias para manipular los precios. Un ex operador del sector Goldman Sachs explicó al New York Times : “la razón de ser de los operadores es generar los máximos beneficios posibles al amparo de la legalidad (...) Esa fue mi experiencia: si no manipulabas el mercado cuando podías hacerlo, te amonestaban” (Kahn 2002). Esta manipulación de los precios permitió a los proveedores privados elevar el precio al por mayor de la electricidad de 30 dólares por MWh antes de la desregulación, a tarifas punta de miles de dólares por MWh.
California fue el ejemplo de manipulación de precios con mayor repercusión, pero hay muchos otros en Estados Unidos. Desde que, en 1996, se introdujo la desregulación federal de los precios al por mayor de la electricidad, los precios han superado con creces los cortes de producción en muchos estados. Entre 1997 y 1999, la media de los precios al por mayor en Chicago, el medio oeste septentrional, Nueva York y Nueva Inglaterra aumentaron más del doble, mientras que, en otras zonas del país, sobre todo en el sur, se triplicaron y, en el caso de Texas, incluso se cuadruplicaron. Ni siquiera los clientes industriales, que son los que mejor pueden negociar las tarifas en los nuevos mercados desregulados, han conseguido reducir los precios en los estados desregulados de los Estados Unidos (Apt 2005).
Los estados que no han desregulado el sector eléctrico han escapado al gran aumento de las tarifas, pues las empresas de propiedad pública las ha mantenido entre un 10 y un 40% por debajo de las aplicadas por las empresas privadas cercanas. Por ejemplo, las ciudades de California en que la electricidad seguía siendo de propiedad pública, como Los Angeles, no se vieron afectadas por el aumento de los precios y por los apagones, ya que los ciudadanos y las industrias no estaban a merced de los proveedores privados. En el ámbito nacional, las tarifas residenciales aplicadas por las empresas de propiedad publica sigue siendo, por término medio, un 10% inferiores a las aplicadas por las empresas privadas con un porcentaje que, en el caso de las tarifas comerciales, es del 7% (Goozner 2001).
El mercado eléctrico australiano tampoco se ha visto exento de estas prácticas. Los productores que abastecen al mercado eléctrico nacional (NEM) pueden retener parte de su capacidad productora en días calurosos, esperar a que los precios aumenten y, después, volver a ofrecer esa misma capacidad a precios más elevado. Esto significa que los precios pueden aspirar entre los 30 y 1000 dólares australianos por MWh. Los productores admiten que, con este método persiguen la optimización financiera, es decir a ser más libres. Hasta 2001, el precio de la electricidad suministrada a los hogares no se vio muy afectada “ principalmente debido a los estrictos sistemas de control del gobierno”. Pero estos han ido limitándose paulatinamente, a partir de entonces y, a medida que los mercados al detalle se abrían a la competencia, comenzaron a aparecer los primeros indicios de tarifas astronómicas (Sexton 2001). Un estudio realizado por la dirección australiana de la economía agrícola y de recursos (ABARE), defensoras de la desregulación y la competencia los mercados eléctricos, ha confirmado la existencia de esta manipulación de los precios. Este sistema de oferta tan poco competitivo ha costado la economía australiana cientos de millones de dólares (ABARE 2002).
Al principio, los precios se manipulaban reteniendo parte de la capacidad productora. Después, en 2000, los productores comenzaron con los argumento de retención económica, es decir, a ofrecer grandes cantidades de su capacidad a precios muy elevados. Esta práctica se inició en Victoria y, a partir de 2001 se fue extendiendo a más empresas y a otros estados. La consultoría Bardak Ventures elaboró un estudio que lleva a la conclusión de que “el principal factor que incide en el aumento de los precios se encuentra en las prácticas de oferta y contraoferta de los productores” (ACCC 2002:77-78). No es fruto de la casualidad que Australia del Sur y Victoria, los únicos estados que han privatizado totalmente el suministro eléctrico, presenten los mayores precios residenciales de todos los estados meridionales. En cambio, en nueva Gales del sur, donde los servicios eléctricos mantienen la titularidad pública, los precios se han ido reduciendo durante la última fase, en concreto, han disminuido en un 22%, y no residenciales, en un 11%. La administración reguladora de Australia del Sur dejó claro que más del 20% del precio de la electricidad pagado por los consumidores se debía a la privatización (Plane 2003).
En América del Sur se observa una tendencia parecida. Durante los años 90, el sistema eléctrico brasileño fue adquirido por una compleja red de inversores privados extranjeros. Primeramente se privatizaron las secciones de distribución y suministro al por menor del sistema.Light Serviços de Electricidade se subastó en 1996 y fue adquirida por un consorcio formado por la francesa EdF, la estadounidense AES y la brasileña CSN. Las condiciones del contrato establecían que Light servía electricidad hidroeléctrica del estado a 23 dólares/MWh y la vendría a los consumidores a 120 MWh, una cantidad muy superior a los 75 dólares/MWh que EdF cobraba a los consumidores más acomodados de Francia. Así, los consumidores experimentaron un tremendo aumento de los precios mientras los propietarios extranjeros repatriaban los beneficios y evitaban invertir en ampliar la capacidad de producción (Costa 2001).
Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) estaban presionando a la India para qué privatizará el sector eléctrico, a principios de los años 90, Enron utilizó su influencia política en las embajadas estadounidenses y la CIA para conseguir un contrato valorado en 3 mil millones de dólares para construir la central eléctrica de Dabhol al sur de Bombay. Se trataba de la mayor inversión extranjera en la India. En virtud del convenio la adquisición de energía firmado, la compañía eléctrica debía adquirir electricidad a un precio fijo sin que Enron estuviera obligada proporcionar dicha electricidad. Además, siempre se debía pagar por el 90% de la capacidad productiva de la central, las 24 horas del día, independientemente de si se necesitaba o si se disponía de suministros más baratos. A pesar de los elevados precios, todos los riesgos corrían a cargo de los Gobiernos Central y Estatales de la India, y no de los inversores. El contrato estipulaba que la energía debía pagarse en dólares, algo muy poco frecuente la India, de modo que el Estado debía asumir plena responsabilidad en el caso de que se produjera una devaluación de la moneda. Por otra parte, el precio del electricidad estaba sujeto al precio mundial del petróleo, en constante alza desde 1999. Cuanto menos electricidad adquiría el Estado, mayor era el precio unitario. Los vecinos protestaron contra el impacto medioambiental y social del proyecto, cuya electricidad, además de ser poco fiable, era muy contaminante. Aunque se suponía que la energía suministrada por la central debía contribuir al crecimiento económico de la región, su coste amenazaba con convertirse en una pesada carga para las industrias a las que, en principio, debía ayudar. Y era una carga aún mayor para los consumidores y campesinos pobres que estaban acostumbrados a disponer de electricidad barata y subvencionada . A fines de 2000, las compañías eléctricas estaban pidiendo electricidad de Dabhol a 8 rupias por unidad y vendiéndola los clientes por 2 rupias .
Incluso los analistas del Banco Mundial admiten que los productores privados de electricidad (conocidos como IPP, o Independent Power Providers) como se Enron suelen ofrecer precios de suministro inflados a las empresas de servicios públicos de todo mundo. En las Filipinas, por ejemplo, el precio de la electricidad suministrada por los IPP, incluso antes de la crisis asiática de 1996 era de 76 dólares/MWh, cifra superior a los 57 dólares que costaba la electricidad de la empresa estatal Napocor (Albouy 1998) los consumidores filipinos pagan ahora por la electricidad los precios más elevados de toda la zona ASEAN.
En la mayoría de los países del mundo en que la electricidad se ha privatizado o desregulado, los hogares y los pequeños comercios han presenciado el aumento astronómico, en muchos casos, de los precios al por menor. En las raras ocasiones en que los precios al por mayor disminuyeron, el motivo estaba normalmente en la reducción de los costes externos principalmente el precio del petróleo. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, durante la década de los 90 en el Reino Unido. En el caso de que el sistema eléctrico británico hubiera mantenido la titularidad estatal, este hecho habría beneficiado a los consumidores y contribuyentes. Sin embargo, en un sistema privado y desregulado, el ahorro acumulado con la reducción de costos del petróleo fue absorbido principalmente por las empresas eléctricas privadas: Ultimamente, los precios de la electricidad en el Reino Unido han estado aumentado de forma espectacular (OFGEM 2005).
La volatilidad y la manipulación de los precios son fenómenos inevitables de los mercados eléctricos, sea cual sea su estructura. El mercado carece de una planificación centralizada que decida las centrales de generación que operarán en función de los costes lógicos y marginales. En ese contexto, “la planificación centralizada se ve sustituida por las señales de los precios” (Quiggin 2001). Los propietarios una central está parada gran parte del día, necesitan del precio que obtienen con las horas punta les compense por los períodos de inactividad de modo que, incluso en un mercado competitivo, los precios fluctuarán: Esta fluctuación se ve exacerbada por la facilidad con que las empresas privadas pueden usar su poder de mercado o crear una escasez eléctrica artificial para forzar los precios al alza, incluso los momentos de menor demanda. Los mercados eléctricos genera así una discrepancia entre el precio y el coste de producción.
Inversiones en infraestructuras
Teóricamente, la privatización de los servicios eléctricos sirve para aumentar los ingresos del gobierno, crear nuevas fuentes de capital de inversión para las costosas infraestructuras eléctricas y reducir el papel del gobierno en la economía.
La planificación y la previsión de la demanda a largo plazo, así como la puesta al día de infraestructuras obsoletas, solía ser un elemento fundamental en la prestación de buen servicio eléctrico público. Ésta necesidad de planificación y coordinación a corto plazo explican en buena medida el porqué los gobiernos asumieron el control de la electricidad en muchos países del mundo durante la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, los años ochenta, esa necesidad de planificación y mantenimiento empezó a quedar relegada a un segundo plano y fue superada por el deseo de comercializar los servicios. En los años 90, cuando la electricidad se liberalizó, se privatizó y se desreguló en todo el mundo, la función planificadora de la burocracias estatales se abandonó por completo y se doblegó a las fuerzas del mercado.
Al suplir la planificación estatal, se supone que las fuerzas del mercado deben garantizar la existencia de suministro ya que, en principio, el mercado tiene la capacidad de equilibrar la oferta y la demanda mediante la competencia. En la práctica, sin embargo, el mercado ha resultado ser un mecanismo muy poco eficaz para asegurar un servicio viable y un suministro adecuado.En el mercado, la falta de oferta provoca el aumento de los precios y esto, en teoría sirve de incentivo para construir nuevas centrales. Pero, de hecho tal como hemos visto el apartado anterior, la recompensa económica siempre mayor al crear escasez y, por lo tanto la mayoría de las empresas prefieren evitar inversiones arriesgadas que sólo reducirán el precio aumentando la oferta.
En Australia, ha quedado muy claro el mercado eléctrico no ofrece incentivo alguno para que los productores inviertan en ampliar la capacidad porque la escasez de oferta consigue que el conjunto de los precios se mantenga elevado y que la central de reserva necesaria para garantizar la viabilidad del sistema “erosiona las ganancias del productor (...) Los beneficios del producto son inversamente proporcionales al nivel de centrales de reserva sin incentivos para garantizar la fiabilidad del sistema” (Searle 2001). Además, los productores existentes pueden reducir los precios cuando aparecen posibles competidores que buscan financiación para concluir centrales generadoras. De hecho, una empresa tiene que ser muy valiente para arriesgarse invertir en crear una infraestructura que quizá se necesite en tres o cuatro años, es el tiempo que se requiere para construir una central y ponerla en funcionamiento. Actualmente, se demanda una mayor capacidad de producción. La asociación de suministro eléctrico de Australia estima que es necesario invertir al menos 20 mil millones de dólares australianos en el suministro de la producción de energía para poder cubrir la demanda prevista. El interrogante es: ¿quién realizará estas inversiones? En lugar de invertir en nuevas infraestructuras, algunos de los productores privados están vendiéndose el negocio (Thomson 2002).
En las naciones más pobres, uno de los principales argumentos en favor de la privatización afirmaba que, con ella, se conseguiría capital extranjero para crear las infraestructuras eléctricas muy necesitadas. En estos países, la falta de capital, combinada con la electricidad subvencionada para los muy pobres, suponía el endeudamiento de las administraciones eléctricas. La nueva oleada de inversiones extranjeras, sin embargo, no se ha traducido en la llegada de capital para aumentar la capacidad productiva. Las empresas extranjeras han adquirido empresas estatales ya existentes a precios de saldo, han incrementado los precios y han enviado los beneficios a sus países de origen en lugar de invertir en nuevas plantas.
La deuda de Brasil ha subido al mismo ritmo que su dependencia del capital extranjero. Los inversores extranjeros, que estaban lo bastante entusiasmados como para adquirir centrales existentes libres deudas, que les permitirían rentabilizar las inversiones rápidamente, no estaban tan dispuestos a invertir en ampliar la capacidad productiva, a pesar del incentivo que suponían las elevadas tarifas eléctricas. Así, exigieron que 70% de los dos proyectos estuvieran financiados por el Banco de Desarrollo del Brasil; que el precio del gas, que preferían como fuente electricidad, estuviera garantizado para el futuro mediante contratos a largo plazo; y que el gobierno brasileño se hiciera cargo de las pérdidas que generaría una caída del valor de la moneda brasileña con respecto al dólar estadounidense (Benjamín 2001). El resto de empresas eléctricas de propiedad estatal disponían de suficientes reservas económicas como para realizar las inversiones necesarias, pero no estaban autorizadas a hacerlo porque ello hubiera contravenido el programa de privatización impuesto por el Banco Mundial. Tampoco se emprendieron otras medidas más económicas, como mejorar la eficiencia de transmisión o la conservación de la energía. El sistema eléctrico de Brasil año que antes de la privatización había funcionado perfectamente durante décadas, y era objeto de admiración y envidia por su gran disponibilidad de Hidroelectricidad barata, se vino abajo, y Brasil se vió enfrentado a tal escasez de electricidad que fue necesario introducir racionamientos, con los consecuentes problemas económicos y sociales.
Mientras que la mayoría de las inversiones en Sudamérica han surgido a raíz de la plena privatización y se han caracterizado por la adqisición extranjera de empresas estatales, las inversiones en Asia oriental y meridional se han “centrado en introducir productores de energía independientes en mercado nominado por empresas integradas verticalmente de propiedad estatal” (Izaguirre 2000). Los IPP son ahora un gran mercado en Asia, sobre todo en China, Indonesia, Filipinas, India, Pakistán, Malasia y Tailandia. En Asia, los IPP suelen vender la electricidad a una única empresa estatal, en virtud de un contrato conocido como Convenio de Adquisición de Energía (PPA). El razonamiento seguido en éste contexto es que la inversión privada ofrecerá capital y los conocimientos necesarios para aumentar la capacidad productiva con rapidez, sin embargo, la cantidad de dinero invertido suele ser mínima en comparación con las sumas que deben pagarles las empresas públicas locales, sumas que, a menudo, se deben satisfacer en moneda extranjera y no se quedan en ese país. En muchos proyectos de IPP, los inversores extranjeros sólo aportan, por término medio, el 24% del capital propio. El resto de dinero se obtiene a través de préstamos, sobre todo de agencias y bancos extranjeros. Los PPA grabaron costando a los gobiernos muchos más capital extranjero que el invertido originalmente los proyectos eléctricos. Los IPP amplian la capacidad a un alto coste que, de hecho, incrementa el gasto público en la deuda externa, inhibe la competencia, frena la innovación tecnológica y aumenta los costes de los consumidores. Además, han obligado a los gobiernos a asumir la mayoría de los riesgos asociados con los proyectos eléctricos y de ese modo, “han minado el motivo mismo por el que, para empezar, se introdujo el sector eléctrico privado: limitar la deuda pública y obligar a los productores privados a asumir los riesgos financieros en lugar de hacerlo los gobiernos” (Ryder 200).
La principal lógica política para la privatización en muchos países desarrollados también ha sido la de la reducción de la deuda pública. Los beneficios que supuestamente se derivarían de la disminución del déficit presupuestario de los gobiernos con la venta de los sistemas eléctricos resultaron ser, en la mayoría de los casos, un simple espejismo. Por ejemplo, el Fondo Eléctrico de Australia del Sur (ETSA) aportó unos dos mil millones de dólares australianos a los ingresos estatales durante la década anterior a su privatización (Kelton 2001). El economista Richard Blandy confirmó posteriormente, en 2002, que:
Los ingresos obtenidos por el ETSA para el gobierno de Australia del sur antes de ser privatizado equivaldría, por no decir que sobrepasarían, el interés de la deuda de Australia del sur que se satisfizo con la venta del ETSA. Así pues, los habitantes del estado se enfrentan ahora a máximos históricos en el precio de la electricidad en comparación al resto de Australia a cambio de un beneficio neto rulo para las finanzas del gobierno estatal (Blandy 2002).
Las empresas privadas exentas de obligaciones sociales, pueden desempeñar actividad rentables, mientras que el gobierno sigue costeando las facetas no rentables del suministro eléctrico, como la protección medioambiental y el acceso equitativo. En el pasado, los gobiernos podían subvencionar las actividad no rentables con las que sí lo eran; ahora, la imposibilidad de repartir los costes entre las diversas funciones de todo el servicio se traduce en un mayor gasto para los contribuyentes y un mayor ahorro para la industria.
Cuando se amenaza con la bancarrota, los gobiernos deben estar preparados para entrar en escena, rescatar a las empresas privadas y garantizar así el suministro eléctrico. Los contribuyentes tuvieron que rescatar las empresas vendidas de distribución al detalle cuando los precios al por mayor aumentaron como sucedió en California, y rescata las empresas productoras cuando los precios al por mayor cayeron como sucedió Reino Unido. El gobierno británico no podía quedarse de brazos cruzados mientras la British Energy se declaraba en bancarrota y dejaba sus ocho centrales nucleares repartidas por el campo, totalmente interactivas y si nadie que las desmantelara. Por eso, en 2004 el gobierno a cabo destinando unos 4 mil millones de libras esterlinas a su rescate financiero.
Evidentemente, los contribuyentes son los que pierden por partida doble. Han dejado de beneficiarse cuando la producción eléctrica es rentable, pero siguen teniendo que hacerse cargo de la factura cuando no lo es. El porqué de esta situación es bien sencillo: la electricidad no es una mercancía (commodity) que los consumidores puedan adquirir o no en función del precio y el suministro, sino que es un servicio básico fundamental para el estilo de vida moderno.
Servicio de fiabilidad
Si poco puede hacer el mercado para garantizar la existencia de una capacidad productiva de reserva, es aún peor cuando se trata de asegurar un sistema de transmisión moderno y fiable. La separación de las tareas de transmisión, producción y distribución en empresas independientes supone que las empresas que obtienen grandes beneficios con la producción electricidad no tengan que invertir en la infraestructura necesaria para transmitir dicho electricidad a los clientes.
El servicio y su viabilidad también se han deteriorado con los sistemas eléctricos privados porque las obligaciones de las empresas de propiedad estatal se ven sustituidas por los objetivos comerciales a corto plazo de las empresas privadas. No era extraño que los empleados de las empresas públicas mostraran un fuerte compromiso con el servicio público, sobre todo en las empresas que “tradicionalmente, se enorgullecían de su buen historial de materia de seguridad, de la calidad y la imparcialidad del asesoramiento ofrecido a los consumidores, y de una serie de prácticas de responsabilidad social como, por ejemplo, el suministro gratuito a los jubilados” (O`Connell 1994). Pero este espíritu desapareció cuando los empleados se vieron obligados a adoptar una visión más comercial de su trabajo.
Puesto que que, con la desregulación en Estados Unidos, el servicio prestado por las empresas privadas no tiene que cumplir con las obligaciones mínimas, las empresas pueden aumentar los beneficios recortando los programas de mantenimiento y el personal, y desentendieras de la puesta al día de las infraestructuras. Este sería el caso, sobre todo, de las empresas de transmisión de propiedad privada ya que, a corto plazo, puede resultar más económico sustituir el equipamiento cuando se estropea, en lugar de anticipación los fallos con una reparación a tiempo. Si esos fallos provocan apagones, serán otros los que correrán con la mayor parte los costos. Puede que ello incluso obligue al gobierno a desembolsar millones de dólares en concepto de subvenciones. La falta de inversiones en las infraestructuras de transmisión, por ejemplo, explica en parte los numerosos apagones que se sucedieron en los estados del noroeste de los Estados Unidos y en Canadá en 2003.
La desregulación ha traspasado la responsabilidad de inversión que evitarían estos sucesos al mercado. Pero los agentes del mercado están más interesados en la rentabilidad conseguida que en la fiabilidad ofrecida. En el caso de la transmisión de la electricidad, el vínculo entre rentabilidad y suministro fiable es tan débil el proceso de regulación ha sido más un acto de fe que una decisión basada en el sentido común. Los supuestos ahorros en eficiencia que generarían esas empresas privadas y competitivas se han logrado economizando costes a corto plazo, como reduciendo la calidad o el nivel de servicio, y no ofreciendo el mismo nivel de servicio a menor precio. En ocasiones, las inversiones se han rentabilizado incrementando las tarifas del servicio. A menudo, se ha logrado costes recortando los salarios y las condiciones laborales y despidiendo a miles de trabajadores del sector público. Los puestos fijos de tiempo completo sereno reemplazando por trabajos temporales y a tiempo parcial, de este modo, las empresas privadas aparentan ser más eficientes, pero las ganancias obtenidas por los accionistas lo son a expensas de los trabajadores y los consumidores, que parecen el deterioro del servicio.
Otra manera sencilla de reducir costes, aunque con poca visión de futuro, consiste recortar los presupuestos destinados a seguridad, mantenimiento, formación e investigación. Los equipamientos no se inspeccionan con regularidad ni se sustituyen en el caso de que se prevea incidencias, de este modo, los accidentes y los cortes de energía provocada por el equipamiento aumentan del mismo modo que los apagones causados por la cogestión de la red ya que la planificación y la responsabilidad para mantener y desarrollar la red no constituyen una prioridad de mercado.
Sólo en Australia, el empleo en el sector eléctrico cayó de unos 83.000 trabajadores, a mediados de los años 90, a 33.000 en 2003 (Wilson 2003). En Estados Unidos, la desregulación ha provocado la reducción radical de la fuerza de trabajo de los servicios públicos; 150.000 personas perdieron el trabajo, incluidas aquellas personas responsables de la seguridad de la fiabilidad de suministro eléctrico, ya que las empresas privadas se deshicieron del personal para restringir costes. El sindicato de trabajadores de servicios públicos de los Estados Unidos (UWUA) y la administración de información de la energía del departamento de energía de los Estados Unidos calculan que, en estos momentos, los servicios públicos emplearán a menos de dos tercios de los trabajadores contratados a principios de los años 90. El UWUA indica que indica que el recorte de costes conlleva menos inspecciones, el aplazamiento de reparaciones, y menos formación de los trabajadores, todo lo cual plantea una grave amenaza la seguridad laboral y pública, así, como para la fiabilidad del sistema (Highley 2000). En un informe elaborado por la federación europea de sindicatos de los servicios públicos (EPSU), Oppenheim 2001 señalaba:
La infraestructura de la industria es cada vez más antigua y necesita mantenimiento constante (...) los problemas comprenden desde postes declarados obsoletos por los trabajadores que no se sustituyen, a conmutadores en carga que son inoperantes y que afectan a los niveles de voltaje pasando por transformadores que no se revisan y que corren el grave riesgo de explotar. Las cuadrillas de trabajadores de todo el país observan que los cables se comprueba comer o frecuencia, que los ciclos de inspección de subestaciones y cajas de empalmes se extienden, y que los postes obsoletos a menudo no se sustituyen. Componentes clave del sistema no funcionarán como debieran a causa de su envejecimiento, la falta de reparaciones o de ambas cosas.
La falta de mantenimiento también propició en parte los apagones de Nueva York, Chicago, Long Island, Nueva Jersey, Nueva Inglaterra y Texas. Por ejemplo, una serie de incendios en los transformadores eléctricos provocó apagones en Nueva York durante el verano del 2002. Su origen se hallaba en un equipamiento obsoleto, que no podía responder a la demanda porque el sistema desregulado no ofrecía ningún incentivo para actualizar el equipo y nadie se responsabilizaba cuando éste fallaba (Blair 2002).
En Australia del sur también fallaron posibles y transformadores, y la transmisión de líneas de alta tensión llegó a cortarse deliberadamente para evitar posibles incendios en días muy calurosos. Sólo en enero 2001, se produjeron 500 cortes de luz. La red estaba obsoleta y descuidada, y los sindicatos denunciaban que los 900 trabajadores que hacía apenas una década se encargaban de revisar y de reparar las líneas eléctricas se habían reducido hasta apenas 300, y las cuadrillas de reparación habían pasado de las 270 a los 90 (Blair 2002).
Los apagones también se multiplican porque los niveles de capacidad productiva de reserva son menores y esto, a su vez, se debe, como hemos visto en el apartado anterior, a la falta de incentivos para invertir en dicha capacidad. Un estudio elaborado por el Banco Federal de Nueva York consideraba que los consumidores no pueden esperar una gran fiabilidad del suministro: “puede que las fuerzas del mercado sean incapaces de garantizar que los proveedores puedan suministrar constantemente una cantidad electricidad suficiente para mantener la estabilidad de la red durante períodos de carga punta” (Consumer Reports 2002).

Impacto medioambiental
La desregulación eléctrica también es muy escurridiza en lo que respecta la conservación y la eficiencia energética: “ el mercado compite por el menor precio inmediato, no por el menor precio durante la vida útil de un producto (...) en el viejo sistema eléctrico, a los servicios públicos les costaba menos subvencionar bombillas más eficientes y construir otra central gigantesca “ (Meadows 2001). En el sistema desregulado, en cambio, el incentivo está en vender más electricidad a precios elevados.
La desregulación permite, y en muchos casos fomenta, el mantenimiento de viejas centrales eléctricas de carbón muy contaminantes y que emiten humos, mercurio y partículas a la atmósfera, provocando miles de muertos cada año. En Australia, la desregulación y la privatización ha llevado al uso del tipo de carbón más contaminantes, el lignito pardo, y a un incremento del 31% en la emisión de gases efecto invernadero (Earth Island Journal 2001).
En Estados Unidos, administración Bush ha utilizado los problemas causados por la desregulación como excusa para relajar las inspecciones de contaminación del aire en las centrales eléctricas. La comisión para la cooperación ambiental encontró que la desregulación eléctrica había servido para recortar los presupuestos destinados a la eficiencia energética de las empresas eléctricas norteamericanas en un 42% entre 1995 y 1999 (Melnbardis 2002).
Los IPP “ desvian los incentivos para ampliar la producción y no para cubrir las necesidades energéticas mejorando la eficiencia. Además, los contratos de adquisición han impuesto el uso de energías de alto coste por encima de otras energías más económicas ya disponibles “ (Dubash 2002). Es poco probable que los suministradores eléctricos animen a los clientes a hacer un uso eficiente de la electricidad si están obligadas a adquirir de los IPP más electricidad de la que necesitan. Además, las agencias de crédito a la exportación que suelen financiarlos no exigen, por lo general, que se cumplan las medidas medioambientales y los requisitos de seguridad que los gobiernos sí suelen solicitar. Así pues, los IPP han tendido a decantarse por megaproyectos de centrales alimentadas con combustibles fósiles, totalmente obsoletas y muy contaminantes.
Según estudio del World Resources Institute sobre las reformas eléctricas emprendidas en todo el mundo los puntos:
los problemas financieros y las condiciones de los donantes han llevado a la reforma eléctrica. En esta nueva versión del sector energético, gestionará mediante procesos políticos cerrados y dominada por tecnócratas de asesores de los donantes, el papel de los factores medioambientales es prácticamente inexistente. Se otorga una mayor importancia a las cuestiones sociales, pero sólo a la medida en que la reformas afecten a grupos políticos poderosos (Lash 2002).
Cuando el mercado opta por una fuente de combustible, no hay ningún incentivo para que tenga en cuenta el coste medioambiental de dicha fuente. Por lo tanto, la nueva capacidad productiva en todo el mundo sigue estando dominada por los combustibles fósiles. En Estados Unidos, la Administración de Información de la Energía prevé que, a corto plazo las nuevas centrales eléctricas alimentarán con gas y, a largo plazo, a medida que el el precio del gas aumente, con carbón (EIA 2005).
Probablemente en la UE las centrales electricas se alimenten a corto plazo con gas y , a largo plazo, a medida que el precio del gas aumente, el gas también contribuye al calentamiento global ( la mitad que el carbón y el petróleo) y no es renovable. En 2004 el uso de gas natural y carbón aumentó a un ritmo vertiginoso en todo el mundo (Worldwatch Institute 2005)
Se ha puesto de manifiesto que confíar en los mercados para promover el uso de energía renovables era una locura, y muchos gobiernos están volviendo a recurrir a la imposición de normas para ampliar el uso de este tipo energías. En California, por ejemplo, el gobierno exige ahora los servicios públicos que trabajen para que, en 2017, el 20% del suministro se preste mediante energía renovables. Mientras tanto, la Comisión de la Energía de California propone un objetivo más ambicioso y es que ese 20% se alcance en 2010, y el 33% en el 2020 (CEC 2004).

Poder corporativo

La retórica de la privatización afirmaba, entre otras cosas, que surgirían nuevos operadores, dinámicos y competitivos, que ofrecerían a los consumidores un mejor trato. Sin embargo, en la mayoría de países donde la industria eléctrica integrada verticalmente se ha desmantelado para fomentar la competencia, la consolidación de la industria desembocado en la reintegración del sector. Los agentes de la industria compiten para crear un nuevo conjunto de estructuras integradas vertical y horizontalmente (empresas que poseen centrales generadoras o pozos de gas, y distribuyen también en los mercados de diversos estados) en un intento de protegerse de los bruscos virajes de los mercados energéticos y para hacerse con economías de escala (Myer 2002).
La privatización de los servicios no sólo está traspasando bienes de propiedad pública manos privadas, sino que también los está concentrando en un número cada vez menor de empresas. Los principales compradores de bienes y servicios gubernamentales han sido grandes corporaciones transnacionales que con el tiempo, han comprado o aplastado a la competencia. Este tipo de consolidación ayuda las corporaciones recortar costes y repartir gastos pero, sobre todo, les permite aumentar los beneficios, bien sea adquiriendo empresas de la competencia en su propio territorio, aumentando así su poder en el mercado, o adquiriendo corporaciones extranjeras que prometan altas tasas de rentabilidad sobre las inversiones. Esto último por lo que llevó a las hembras estadounidenses adquirir cerca de la mitad de las empresas eléctricas existentes en Gran Bretaña y Australia en cuanto se privatizaron (Flowers 1998).
Europa está actualmente dominada por siete corporaciones transnacionales de la electricidad. Tres de ellas EdF, E.ON y RWE (las dos últimas con sede en Alemania) controlan la mayoría de la capacidad productiva y de las ventas al por menor en la mayoría de los países europeos, y su participación cada vez es mayor (Hall 2005). La concentración de la propiedad de la electricidad en todo el mundo también sigue aumentando y se estima que el valor de las fusiones y adquisiciones internacionales en el sector de la electricidad y el gas sólo en 2001-2002 alcanzó los 84 mil millones de dólares (ILO 2003).
En Asia y Australia, las corporaciones trasnacionales se han ido retirando y es probable que permanezcan empresas europeas (EdF, Tractebel-Suez, International Power y CDC), una empresa estadounidense (AES) y una empresa canadiense (Transalta). También están entrando transnacionales asiáticas, entre las que se encuentran Cheung Kong y China Light (con sede en Hong Kong), Singapore Power e YTL (Malasia) (Thomas 2004). En América Latina, el sector eléctrico está dominado principalmente por Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa (España), EdF y Tractebel-Suez (Francia), EdP (Portugal) y AES (EE.UU) (Hall 2004).
Están surgiendo también empresas integradas vertical y horizontalmente que prestan servicios completos de electricidad y gas así como servicios de agua y de residuos. Casi la mitad de las mayores empresas de gas y electricidad emprendieron adquisiciones de convergencia a finales de los años 90. Empresas petroleras como BP, Shell y Texaco han estado adquiriendo empresas eléctricas. El presidente de Edison International ha predicho que, dentro de una década, sólo habrá 10 conglomerados de la energía en todo el mundo.
Estos conglomerados dispondrán de mayor capacidad para manipular los precios y eludir la competencia, invalidando más las supuestas ventajas de la desregulación. La concentración de la propiedad también minará la capacidad de los gobiernos nacionales para controlar a los propietarios extranjeros, ya que estos puede interrumpir servicios por motivos políticos y económicos, anulando así una parte fundamental del sistema económico sin que los gobiernos puedan remediarlo. Empresas estadounidenses, por ejemplo, cortaron el suministro eléctrico la República Dominicana para obligar al Gobierno a pagar la deuda que éste había contraído con ellas. Las grandes corporaciones de la energía están ya muy bien situadas para operar conjuntamente o formar un cartel para presionar a los gobiernos, controlar los precios y limitar la competencia (Chavez 2002) tal como observaba Walt Patterson en 1999:
Las multinacionales del petróleo con una amplia cartera de actividades en diversas partes del mundo nunca han dudado sugerir que se retirarán de una determinada concesión o cerrarán un determinado yacimiento petrolero si la política del gobierno puede ser contraria a sus intereses. Las multinacionales eléctricas, también con grandes carreteras, tendrán su disposición una estrategia disuasoria mucho más potente.
Si la privatización y la regulación se llevara hasta sus últimas consecuencias, que es lo que buscan sus defensores, el público no podrá influir en el funcionamiento de los servicios básicos, las condiciones de suministro, la fiabilidad de la prestación, la accesibilidad a ésta o a su precio. Los encargados de tomar estas decisiones serán los carteles de las corporaciones trasnacionales que persiguen principalmente beneficios y poder, y esos cárteles podrán entonces ejercer su poder sobre gobiernos nacionales, estatales y locales.